Entre los desafíos se citan promover un cambio cultural en la aplicación de los acuerdos penales, reforzar la interoperabilidad del sistema de justicia para gestión de los procesos y el programa de Optimización Penal
El Poder Judicial dominicano, el Ministerio Público y la Oficina Nacional de Defensa Pública, bajo la coordinación la Escuela Nacional de la Judicatura y el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED), realizaron este miércoles el seminario Conmemoración del vigésimo aniversario del Código Procesal Penal, un espacio de reflexión y discusión sobre los principales desafíos que presenta la implementación de la normativa.
En el encuentro participaron la magistrada María Garabito Ramírez, jueza de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ); Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución de la Procuraduría General de la República; Guillermo Camilo, coordinador departamental del Distrito Nacional de la Oficina Nacional de la Defensa Pública; así como expertos puertorriqueños, jueces de los distintos departamentos Judiciales, fiscales y operadores del sistema de justicia penal.
Al ofrecer las palabras de bienvenida, la magistrada Garabito indicó que el Código Procesal Penal significó una transformación técnica y procesal en el ámbito jurídico, a la vez de representar un compromiso con valores fundamentales como la justicia, la transparencia y el respeto a los derechos de las personas.
Empero dijo que, como toda norma, su aplicación no ha estado exenta de retos. “Hoy, a veinte años de su entrada en vigor, nos encontramos en un punto de inflexión, un momento propicio para evaluar lo logrado, identificar los problemas que persisten y diseñar soluciones prácticas y efectivas”.
Sostuvo que el objetivo es avanzar hacia un sistema de justicia penal más eficiente, más justo y cercano a los principios que inspiraron la creación de este Código, por lo que definió la reflexión colectiva como esencial para garantizar que la justicia penal continúe siendo un pilar sólido de nuestra democracia.
De su lado, Reynoso reconoció que se evidencian avances significativos en la justicia luego de la implementación en 2004 del Código Procesal Penal. Sin embargo, coincidió en que existen grandes desafíos por enfrentar.
Favoreció que todos los operadores de justicia se sienten para repensar los trabajos y función en base a un sistema fuerte, preparado, oportuno, con desafíos y oportunidades de mejora. “El sistema de justicia es responsabilidad de todos los actores del sistema y la sociedad”; sostuvo.
Guillermo Camilo, de la Defensa Pública, destacó que en estos 20 años se ha avanzado y roto paradigmas, como el inquisitivo “que no ha sido fácil”, y agregó que “hemos impulsado la Mesa de Coordinación como Defensa Pública para que la misma siga funcionando”.
Mientras que, el presidente del ICED y coordinador del seminario, Ramón Emilio Núñez, citó los logros a raíz de la entrada del CPP, como el control de la investigación a cargo del Ministerio Público, desaparición del sistema inquisitivo, una Defensa Pública fortalecida y muy preparada, y un Estado de derecho más garantista.
Asimismo, expuso sobre “El fomento de buenas prácticas para la optimización del proceso penal”; mientras que la jueza Administradora de la Región Judicial de Bayamón, Puerto Rico, Carmen Otero Ferrerías, disertó sobre “Los Servicios con Antelación al Juicio y los Informes Previos a la Sentencia en Puerto Rico”.
En la actividad se realizaron los paneles La Tutela de la Libertad en el Proceso Penal: Desde el Arresto a la Ejecución Penal; La Negociación de Acuerdos y otras Soluciones Alternas en Puerto Rico; Las Soluciones Alternas al Juicio Penal en República Dominicana: Estado Actual y Perspectivas de Mejora; y Gestión de Audiencias Anteriores al Juicio.
Entre los panelistas figuran jueces y juezas de Corte, tribunales Colegiados y de Primera Instancia; fiscales, representantes de la Defensa Pública y del sistema judicial puertorriqueño, así como reputados abogados y otros actores del sistema.
En la actividad también estuvieron presentes el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Ángel Brito; y el director General de Administración y Carrera Judicial, Jhonattan Toribio.
El evento contó con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Este es el segundo encuentro de este tipo realizado con el objetivo de fortalecer la interoperabilidad entre estas instituciones de justicia, optimizar el proceso penal, promover la realización de acuerdos y otros métodos de salidas alternas para acelerar los casos judiciales.
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