SANTIAGO.-La Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (AMAPROSAN) expresó su profunda preocupación por la aprobación acelerada en el Senado de la República de una nueva modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, sin que se haya desarrollado un proceso amplio de consulta y análisis técnico de sus efectos sobre los sectores productivos.
Hilsa López Olivares presidenta de la institución, explicó que el sector que representa constituye un eslabón esencial de la cadena de abastecimiento nacional ya que son empresas de intermediación comercial que operan con altísimos volúmenes de facturación, pero con márgenes de rentabilidad que, en el mejor de los casos, no superan el 2% de las ventas.
Dijo que a esta realidad se suma el incremento de las cargas fiscales que ha venido enfrentando el sector, incluyendo el aumento del impuesto corporativo al 30%, el impuesto a los débitos bancarios a 0.20%, así como otros costos regulatorios y operativos que reducen cada vez más la capacidad de inversión, crecimiento y generación de empleos.
En un comunicado, expresaron que el comercio mayorista no solo genera miles de empleos directos e indirectos, sino que además constituye la principal fuente de abastecimiento y financiamiento del pequeño comercio dominicano. “Debilitar este sector es poner en riesgo la cadena de distribución que garantiza el abastecimiento de miles de familias dominicanas”.
AMAPROSAN hizo un llamado firme a la Cámara de Diputados y al liderazgo político nacional, para que reconsideren la estructura tarifaria propuesta en la Ley de Residuos Sólidos y promuevan un modelo de contribuciones basado en criterios técnicos y de justicia ambiental.
«La responsabilidad ambiental debe determinarse en función del nivel real de generación de residuos y de la huella ambiental de cada actividad económica.» y no exclusivamente al volumen de ingresos.
AMAPROSAN reitera su disposición de participar en un diálogo abierto y técnico que permita construir una legislación ambiental justa, equilibrada y compatible con el desarrollo económico de la República Dominicana.
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