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Por Freddy González
Hace justo 12 años que durante la II Cumbre de La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en la ciudad de La Habana Cuba, el 29 de enero del 2014 unos 33 jefes de Estado declararon a América Latina y el Caribe Zona de Paz.
Entre los principales puntos acordados estaban:
- «El Compromiso de resolver los problemas y disputas mediante el diálogo y la negociación, sin usar ni amenazar con la fuerza».
- » No intervenir, ni de forma directa, ni indirecta en los asuntos internos de otras naciones».
- Respetar «la soberanía, la libre determinación y el derecho de cada Estado a elegir su propio sistema político, económico y social».
Todos esos acuerdos tuvieron en práctica entre nuestras naciones hasta que en enero de 2025, el presidente Donald Trump, regresó a la Casa Blanca con un saco de resentimientos y retaliaciones por la derrota recibida en las elecciones de noviembre del 2020 de sus rivales demócratas, la que pretendió desconocer alentando y organizando la turba que asaltó el sagrado recinto del Congreso de los Estados Unidos, que dejó varios muertos, decenas de heridos y cientos de facinerosos detenidos y condenados, los que fueron indultados inmediatamente el nuevo incumbente de la Casa Blanca posó su sentadera en la silla del salón Oval.
Sus primeras medidas estuvieron dirigidas contra Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Luego creó un estado de tensión con sus vecinos de México y Canadá; amenazó con engullirse a Groenlandia, rompió los acuerdos del Tratado Torrijos-Carter, firmado el 7 de septiembre de 1977, sobre el canal de Panamá, y ordenó su ocupación de manos militaris.
Ordenó el mayor despliegue de su flota naval en América y el Caribe, so pretexto de la lucha contra el «narco tráfico, el terrorismo y la supuesta amenaza a su seguridad.
Incursiona subrepticiamente en la República Bolivariana de Venezuela y secuestra a su presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, violentando todos los preceptos del derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas (ONU), y la declaración de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el respeto a la soberanía de sus estados y la no intervención en sus asuntos internos.
Ha aumentado las medidas que agravan el criminal bloqueo económico y financiero contra el pueblo cubano, agregando ahora el embargo petrolero que atenta gravemente con: la salud, la educación, el desarrollo tecnológico y todas las demás actividades de la isla y como si esto no llenara su odio y su vesania contra la revolución y su gobierno; mantiene latente la amenaza de una intervención militar.
Ningún país de los 33 que componen América Latina y el Caribe significa una amenaza a la seguridad para el primer potencial militar del mundo, y el primero que lo sabe es Trump y los halcones del Pentágono.
La fábula de una supuesta amenaza es parte de su narrativa para agredir e incursionar en los países y gobiernos que no se han sometidos a sus dictámenes; Cuba en especial.
Pero como paradoja de la vida, es el gobierno de Estados Unidos que busca alterar la política de Zona de Paz en América y Caribe, instando a estos países a incrementar su gasto en defensa y seguridad para combatir el crimen organizado y las amenazas del narcoterrorismo.
Es el subsecretario de defensa de los Estados Unidos, Elbridge Colby, que ha criticado el presupuesto de defensa de los países de la región que según él, es menos del 1 % de su Producto Interno Bruto (PIB).
Argumentando que la inversión es clave para frenar el avance del narcoterrorismo, la migración irregular y la inestabilidad generada por actores hostiles en el hemisferio.
Agregando que Estados Unidos busca socios fuertes y autónomos en la región y no relaciones de dependencia militar.
Igual postura ha sostenido la administración Trump con sus aliados de occidente, sobre todo los de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) a los que llamó a invertir el 5% de su producto interno bruto (PIB) en gastos militares para una supuesta defensa en países que no están en guerra, ni las tienen en sus planes.
Pero esa propuesta no es casual, ni es fortuita; es parte de su política militarista de esparcir los conflictos bélicos no sólo en medio oriente, sino, en diversas partes del mundo como una acción que solo ha favorecido a los grandes consorcios armamentistas que son los mayores beneficiarios de los conflictos bélicos y que donde no los hay lo crean y los propician.
Sólo en la guerra con Irán, el costo militar acumulado y proyectado para Estados Unidos asciende a 37,500 millones de dólares.
Las mayores beneficiarias son las empresas armamentísticas: Lockheed Martin, RTX Corporation y Northrop Grumman.
Estas grandes empresas de defensa han asegurado millonarios contratos de reabastecimiento y producción de misiles avanzados.
Sólo la Lockheed Martin reportó ingresos previos por US$75 mil millones y una cartera récord de pedidos pendientes de US$194 mil millones.
La posición de la administración Trump, expresada por el subsecretario de Defensa Elbridge Colby, para que nuestros países aumenten sus gastos de defensa y se rearmen no sólo va en contra de los acordado en la II Cumbre de la CELAC, de que América y el Caribe sean Zona de Paz, sino que es una política para beneficiar a las grandes corporaciones armamentistas que son las de mayores ganancias, y las que obtienen de las muertes y las penurias de millones de seres humanos que resultan de esos conflictos bélicos en todo el mundo.
Lo que los países de América y el Caribe deben es, invertir un mayor porcentaje del PIB en: salud, educación, alimentación, desarrollo tecnológico, para seguir cerrando la brecha de la pobreza extrema que acogota nuestra población.
Por eso debemos decir no a la política militarista de la administración Trump.
América y el Caribe deben seguir siendo Zona de Paz.
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