SANTIAGO. – El presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santiago, ingeniero Andrés Cueto, calificó como un hecho histórico y trascendental la promulgación del nuevo Código Penal de la República Dominicana por parte del presidente Luis Abinader, al tiempo que destacó el papel protagónico del PRM en la concretización de esta reforma que sustituye una legislación vigente desde 1884.
El también abogado, manifestó que como nación “hemos dado un paso gigante para la institucionalidad de la República Dominicana, dejando atrás un código con más de un siglo que no contemplaba ni tipificaba crímenes que surgieron con el tiempo y las innovaciones tecnológicas”.
El dirigente oficialista aprovechó para reconocer la firme decisión del presidente Abinader y de los legisladores del PRM, así como de otras fuerzas políticas que respaldaron la aprobación de esta normativa, luego de décadas de intentos fallidos. “Este nuevo Código Penal no es perfecto, pero tenemos 12 meses para su aplicación y era una necesidad imperante actualizar una legislación de 141 años, dándole al país un marco jurídico moderno y funcional”, afirmó.
Cueto subrayó que esta pieza legislativa constituye un paso de avance y una herramienta clave para la protección de los derechos de los ciudadanos, el fortalecimiento de la seguridad y la persecución efectiva de los delitos.
Además, resaltó que el PRM reafirma su compromiso con la transparencia al incluir en el código, medidas más drásticas contra la corrupción administrativa, tales como la ampliación de los plazos de prescripción, el endurecimiento de sanciones y la inhabilitación para ocupar cargos públicos de quienes incurran en este delito.
“Esta actualización dota al sistema penal dominicano de instrumentos modernos para enfrentar la criminalidad en todas sus formas, combatir la delincuencia organizada y garantizar una protección efectiva de las víctimas, en consonancia con los principios de un Estado social y democrático de derecho”, expresó.
El nuevo Código Penal entrará en vigencia en 12 meses, marcando el fin de un marco normativo anacrónico y el inicio de un modelo de justicia moderno, impulsado por la visión de cambio y desarrollo que lidera el presidente Luis Abinader junto al Partido Revolucionario Moderno.
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