La acusación del Ministerio Público fue acogida por el Primer Juzgado de la Instrucción de La Altagracia que considera que existen méritos suficientes para una eventual condena
SANTO DOMINGO, RD.- A solicitud del Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, un tribunal dictó auto de apertura a juicio contra seis personas que integraban una estructura criminal acusada de secuestro, lavado de activos, asociación de malhechores y otros delitos conexos.
Los procesados Ambiorix Vásquez Severino, Estefany Esmerlin Ramírez Pérez, Manuel Acosta (Angonga), Tairi Vásquez Severino, Jhan Carlos Rivera Martínez y Ruth Delanea Severino Santana fueron enviados a juicio luego de que el Primer Juzgado de la Instrucción de La Altagracia acogiera en todas sus partes la acusación presentada por el Ministerio Público.
El tribunal valoró las pruebas documentales, periciales, testimoniales y audiovisuales aportadas por el órgano acusador, concluyendo que son suficientes para que los imputados sean juzgados y eventualmente condenados por los hechos atribuidos.
La investigación y litigación del caso estuvo a cargo de los fiscales Claudio Cordero, en representación de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y de la Unidad Antisecuestro, y Surielly Guerrero, por la Fiscalía de La Altagracia, quienes sostuvieron la acusación en la audiencia preliminar y presentaron los elementos que motivaron la apertura a juicio. Como equipo técnico estuvo la Unidad Antisecuestro de la Policía Nacional.
El Ministerio Público sostiene que la estructura operaba de manera organizada, con roles definidos, simulando operativos de agencias oficiales como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y utilizando testaferros para ocultar los bienes adquiridos con el dinero del rescate, producto del secuestro.
La investigación establece que el 4 de marzo de 2025, los imputados, utilizando indumentaria similar a la de organismos de control de drogas y portando armas largas y cortas, simularon un arresto para privar de libertad a la víctima, de quien omitimos su nombre, para respetar su dignidad, quien fue trasladado a una zona de manglares donde fue torturado y sometido a descargas eléctricas.
Posteriormente, los captores exigieron a la familia de la víctima la suma de veinte millones de pesos como rescate, recibiendo finalmente seis millones de pesos en efectivo y prendas de alto valor, ascendiendo a unos nueve millones ochocientos mil pesos dominicanos tras lo cual procedieron a liberarlo.
El Ministerio Público también sostiene en la acusación que el dinero producto del secuestro fue introducido al sistema económico mediante la adquisición de vehículos, joyas y otros bienes a nombre de terceros, con el objetivo de ocultar su origen ilícito y evitar su rastreo por las autoridades.
Estos terceros fueron identificados, ya que la investigación financiera reveló la utilización de testaferros, transferencias irregulares, empeño de prendas y compras de vehículos con placas falsas, maniobras típicas de los esquemas de blanqueo de capitales provenientes de actividades criminales.
El equipo fiscal desplegó múltiples diligencias investigativas, operativos, análisis financieros y coordinación interinstitucional para documentar la estructura criminal y sustentar la acusación penal.
Las titulares de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Altagracia, respectivamente, Ramona Nova y Claudia Garrido, destacaron que esta decisión judicial constituye un paso firme en la lucha contra las redes criminales que combinan delitos violentos con operaciones de blanqueo de capitales.
“Este proceso demuestra que el Ministerio Público está preparado para perseguir no solo a quienes ejecutan secuestros, sino también a quienes intentan disfrutar y ocultar los bienes obtenidos con esos crímenes”.
Con la emisión del auto de apertura a juicio, dictado por la jueza Alexandra Reyes Custodio, el expediente será remitido al tribunal colegiado competente, donde se celebrará el juicio en el que el Ministerio Público procurará obtener condenas ejemplares contra los acusados por los delitos de secuestro y lavado de activos.
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