De los 17 fallecidos en el motín del Cereso 3 de Ciudad Juárez 10 eran oficiales del servicio penitenciario y siete reclusos.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, México, dio a conocer el martes la decisión de suspender del ejercicio de sus funciones y poner bajo investigación policial al director del Centro de Reinserción Social (Cereso) Número 3 de Ciudad Juárez, Alejandro Alvarado Téllez.
El ente judicial informó en un comunicado que, tras el motín acaecido en el centro penitenciario el pasado domingo 1 de enero que provocó la muerte de 17 personas, el director Alvarado Téllez junto con personal operativo, administrativo y de otras áreas del Cereso, están en averiguación.
La Fiscalía señaló que esta medida se toma «con el fin de establecer quién o quiénes están involucrados en el ingreso de objetos prohibidos, omisiones como autoridad penitenciaria y autorizar actos que están fuera de la ley».De los 17 fallecidos en el motín del Cereso 3 de Ciudad Juárez 10 eran oficiales del servicio penitenciario y siete reclusos. Tras los hechos, la Fiscalía notificó el traslado por vía aérea de 191 reos a otros penales federales, operativo asumido por efectivos de la Guardia Nacional.
Los reclusos trasladados estaban recluidos por delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, portación de arma de fuego, violación y crimen organizado, detallaron fuentes oficiales.
Según el fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte, 30 convictos se fugaron del Cereso 3 durante la revuelta que también provocó daños en los sistemas eléctricos y de gas del penal.
En 2019, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en su Diagnóstico del Sistema Penitenciario, de Reinserción Social y Preventivo, señaló el sistema de corrupción que campeaba en el penal, donde eran los reos los que ejercían el control.
“La seguridad está prácticamente a cargo de los propios internos. En algunos módulos, incluso contaban con llaves de áreas como salones de clases y comedores”, denunciaba el informe.
Dos años después, la CEDH volvió a reportar condiciones de hacinamiento y sobrepoblación en el presidio, así como insuficiencia de personal de seguridad y custodia, además de la presencia de actividades ilícitas.
El país vive una situación complicada con 33.308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de la historia, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, con 34. 690 víctimas de asesinato en 2019 y 34. 554 en 2020.
Fuente: Telesur
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