
La alta representante de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha anunciado además un paquete complementario de 25 millones de euros en ayuda para ayudar a Kiev en las labores de desminado
En un momento especialmente delicado para Kiev, que afronta el quinto invierno bajo la guerra de agresión rusa, la Unión Europea reafirmó su respaldo político, financiero y militar a Ucrania. Los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete, reunidos este lunes en Bruselas, dieron luz verde al mayor desembolso económico individual concedido a Kiev hasta la fecha y a una ampliación de las sanciones contra el entramado bélico ruso.
Con esta doble decisión, los titulares europeos del ramo coincidieron en que garantizar la estabilidad del país vecino es clave para defender la seguridad colectiva de todo el continente. En el plano financiero, los ministros dieron el visto bueno a un desembolso récord de casi 8.000 millones de euros. Esta inyección, financiada en su mayor parte con los fondos del préstamo de asistencia a Ucrania asignados para este año, es necesaria para asegurar la estabilidad financiera del país, sostener el funcionamiento de la administración pública y apoyar las labores de reconstrucción antes de la llegada de los meses más fríos.
A esa partida presupuestaria se suma la transferencia de 1.710 millones de euros en ayuda militar directa por parte de la Comisión Europea, destinados a la adquisición de drones, municiones y sistemas de defensa aérea para blindar el cielo ucraniano. Aunque el apoyo comunitario acumulado supera los 235.000 millones de euros entre ayuda presupuestaria y militar desde 2022, la presión financiera sobre Kiev sigue siendo enorme, lo que llevará a la Comisión a proponer nuevas vías de financiación antes del próximo Consejo Europeo extraordinario.
Nuevas sanciones
En paralelo, se aprobó ampliar el listado de personas y entidades sancionadas vinculadas con la maquinaria de guerra rusa. Se añadieron cerca de 110 personas y entidades responsables de sostener la agresión armada y desarrollar tácticas de injerencia. El paquete impone restricciones a casi 50 entidades bancarias y financieras rusas, al sector del comercio electrónico y a redes de sabotaje y desinformación.
Entre las entidades castigadas destaca la Agencia de Diseño Social (SDA), una firma tecnológica con sede en Moscú que “lleva a cabo proyectos de injerencia y manipulación de la información a gran escala financiados, dirigidos y supervisados por la Administración Presidencial rusa”, según el comunicado del Consejo de la UE.
Asimismo, fueron sancionados una veintena de sus trabajadores, destacados propagandistas de la televisión rusa y el grupo de ciberdelincuentes ‘NoName057(16)’, autor de ataques informáticos contra infraestructuras críticas energéticas y portales institucionales de varios Estados miembros. Las sanciones implican la congelación de activos en suelo europeo, la prohibición de suministrar fondos a los señalados y el veto de entrada o tránsito por la UE. El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, presente en la reunión en Bruselas, celebró que “quienes vulneran la integridad territorial o perpetran ciberataques afronten consecuencias directas”.
Apoyo a la labores de desminado
A última hora de la tarde, la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, anunció un nuevo paquete de 15 millones de euros en ayudas para apoyar a Ucrania en sus labores para el desminado del país. «Este dinero ayudará a reparar y mantener el equipo de desminado del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania», expresó la ex primera ministra estonia en una conferencia en Bruselas dedicada precisamente al desminado. Kallas precisó también que esta ayuda europea apoyará los estudios y limpieza de minas, especialmente en las regiones de Járkov y Mykolaiv, así como el refuerzo
de las capacidades ucranianas para el desminado, el apoyo a operadores locales y formación especializada y el intercambio internacional de conocimientos básicos.
El Consejo de la UE dio su aprobación tras verificar que el Gobierno de Kiev había completado con éxito más de una veintena de reformas necesarias. Estos compromisos abarcan mejoras sustanciales en el sistema judicial, el refuerzo de la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales, la gestión de activos estatales y la modernización de los sectores energético y medioambiental.
FUENTE: La Razón





