Santo Domingo, República Dominicana, 18 de noviembre 2024.– En una iniciativa orientada a fortalecer y dignificar el ejercicio profesional de los abogados en el sector público, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), presentó por ante la cámara de diputados del Congreso Nacional una propuesta de ley que busca garantizar un salario mínimo de 60 mil pesos para estos profesionales, incluyendo a los que desempeñan funciones en las fuerzas militares y policiales.
El presidente del gremio que agrupa los abogados Trajano Potentini, acompañado de una comitiva de juristas, informó que la propuesta, está basada en principios constitucionales, legales y estándares internacionales, resalta la importancia de dignificar la labor de los abogados como una pieza clave para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la protección de los derechos ciudadanos.
Fundamentos de la Propuesta.
El proyecto toma como base el artículo 38 de la Constitución, que establece la inviolabilidad de la dignidad humana, y el artículo 62, que garantiza el derecho a un trabajo digno y a condiciones laborales equitativas. Además, se apoya en el principio de igualdad consagrado en el artículo 39 y en la responsabilidad estatal de proteger los derechos fundamentales según el artículo 8.
En el ámbito legal, se destacan la Ley No. 41-08 de Función Pública, que establece la equidad retributiva en el sector público, y la Ley No. 105-13, que regula criterios salariales. Asimismo, se reconoce la práctica profesional del derecho como de interés público, reforzando la necesidad de que sea regulada de manera justa.
Justificación y Alcance.
El proyecto subraya la relevancia de los abogados en la administración de justicia y su impacto en la sociedad. Además, se alinea con los principios internacionales, como la resolución de las Naciones Unidas que proclama el 18 de septiembre como el Día Internacional de la Igualdad Salarial, y con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que promueve la justicia social y la equidad.
La iniciativa propone un salario mínimo específico para los abogados del sector público, tanto civiles como militares, que respete la dignidad, competencias y riesgos asociados a sus funciones. Esto no solo mejoraría las condiciones laborales de los profesionales, sino que también fortalecería la calidad y eficiencia de los servicios legales y administrativos en beneficio de la ciudadanía.
Impacto Esperado.
Fortalecimiento institucional: Un salario mínimo digno permitirá que los abogados desempeñen sus funciones con mayor eficiencia y profesionalismo.
Reducción de desigualdades: La medida busca cerrar brechas salariales en el sector público, promoviendo la equidad y la justicia social.
Alineación con estándares internacionales: La propuesta posiciona al país como referente en la región en la defensa de los derechos laborales y profesionales.
Finalmente, Potentini explicó que la propuesta vendría a reafirmar el compromiso del Estado con los valores fundamentales de justicia, equidad y desarrollo humano, y abre un debate crucial sobre la necesidad de garantizar condiciones laborales dignas para los abogados, quienes desempeñan un rol esencial en la defensa de los derechos ciudadanos y la consolidación de un Estado Social y Democrático de Derecho.
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