Por Rafael Díaz Filpo
Juez Emérito, primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana
El presupuesto público constituye una de las expresiones más concretas del poder del Estado, en la medida en que define prioridades, distribuye recursos y determina el alcance real de los derechos fundamentales, de modo que su correcta orientación no puede entenderse como un asunto meramente técnico, sino como una exigencia constitucional vinculada directamente a la dignidad humana y a la igualdad material.
Esa dimensión adquiere especial relevancia cuando se observa la persistencia de desigualdades estructurales que limitan el acceso efectivo a derechos básicos, lo que evidencia que el presupuesto no está siendo utilizado con la eficacia que demanda el modelo de Estado social y democrático de derecho, manteniendo brechas que se reflejan en la calidad de la educación, en el acceso a la salud y en las oportunidades reales de desarrollo.
La Constitución impone al Estado una obligación clara de intervenir para corregir esas desigualdades, aunque en la práctica la asignación y ejecución de los recursos no siempre responde a criterios de equidad ni a una planificación orientada a resultados, lo que genera una desconexión evidente entre el discurso normativo y la realidad social que experimenta la población.
El problema no radica en la ausencia de recursos, sino en la forma en que estos se distribuyen y se ejecutan, lo que obliga a examinar con mayor rigor la responsabilidad de los poderes públicos, particularmente cuando el presupuesto deja de cumplir su función redistributiva y se limita a reproducir las mismas condiciones que pretende corregir.
La desigualdad no es un concepto abstracto, se manifiesta en la vida cotidiana de quienes enfrentan limitaciones para acceder a servicios esenciales y a oportunidades de crecimiento, lo que convierte al presupuesto en un instrumento determinante para la configuración de la justicia social y, al mismo tiempo, en un reflejo de las decisiones que el Estado adopta frente a esas realidades.
Resulta necesario, en consecuencia, replantear la orientación del gasto público, fortaleciendo su vinculación con los principios constitucionales y asegurando que su ejecución contribuya de manera efectiva a reducir brechas y a generar oportunidades, lo que exige coherencia institucional, planificación real y un compromiso firme con los sectores más vulnerables.
Los poderes públicos no pueden postergar esta responsabilidad, pues en la forma en que se concibe y ejecuta el presupuesto se define la capacidad del Estado para garantizar derechos y sostener su legitimidad, siendo claro que allí donde el gasto público no corrige desigualdades, la Constitución deja de ser una promesa para convertirse en una deuda.
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