SANTO DOMINGO, D.N.-El Comité Institucional Codiano (CIC) manifestó este jueves su creciente preocupación por la falta de avances visibles en la ejecución de la Ley 16-26, promulgada el pasado 1 de mayo por el presidente Luis Abinader para establecer un mecanismo de validación, depuración, reconocimiento y pago de las deudas del Estado con contratistas de obras públicas.
Durante una rueda de prensa celebrada en la sede del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), con la presencia de directivos de ese gremio, representantes del CIC señalaron que, pese a la rapidez con que el Congreso Nacional aprobó la legislación y el Poder Ejecutivo procedió a su promulgación, esa misma diligencia no se ha reflejado en el ámbito administrativo.
El arquitecto Emiliano Familia, coordinador general del CIC, al dar lectura al comunicado oficial de la organización, indicó que han transcurrido 48 días desde la entrada en vigor de la ley sin que se haya informado oficialmente la conformación de la comisión responsable de poner en marcha el proceso contemplado en dicha normativa.
“Sin comisión no hay validación. Sin validación no hay reconocimiento. Sin reconocimiento no hay pago. Y sin pago no hay justicia”, expresó el arquitecto Familia, quien estuvo acompañado por los también directivos del CIC Miguel Liberato, Samuel Peña, Nelson Núñez, FélixMiceli, Eugenio Matos y Fausto del Rosario.
El CIC recordó que desde hace varias semanas viene reclamando públicamente la integración de este organismo y que, además, depositó formalmente una comunicación ante el Ministerio de Hacienda y Economía solicitando la activación urgente de la referida comisión, sin que hasta el momento se haya ofrecido una respuesta pública que despeje la incertidumbre existente.
La entidad solicitó que se dé a conocer un cronograma básico de ejecución que permita a los afectados conocer las fechas previstas para la instalación de la comisión, el inicio de los trabajos de validación y los procedimientos que serán aplicados en el conocimiento de los expedientes.
Asimismo, advirtió que la prolongación de la inactividad administrativa podría incrementar el malestar entre contratistas que llevan décadas esperando una solución definitiva a sus reclamaciones.
“Nadie quiere volver a ver a ingenieros envejecientes, enfermos y agotados por años de espera realizando protestas frente a instituciones públicas para exigir el cumplimiento de una ley ya promulgada”, señala el documento.
Los representantes del CIC enfatizaron que no buscan confrontaciones ni conflictos, sino soluciones concretas que permitan materializar la voluntad expresada por el presidente de la República al promulgar la Ley 16-26.
En ese sentido, sostuvieron que la mejor manera de fortalecer la confianza ciudadana y preservar la credibilidad institucional es garantizar que la misma rapidez demostrada en la promulgación de la ley se refleje también en su ejecución efectiva.
Finalmente, el Comité Institucional Codiano reiteró su solicitud de que los expedientes correspondientes a los contratistas agrupados en esa entidad sean conocidos con carácter prioritario, argumentando que muchos de ellos figuran entre los más antiguos, corresponden a obras con contratos ejecutadas y entregadas al Estado y pertenecen, en numerosos casos, a profesionales septuagenarios que enfrentan serios problemas de salud y el deterioro de su patrimonio familiar.
“La prioridad que solicitamos tiene fundamentos técnicos, jurídicos y profundamente humanos”, expresó el CIC.
La organización concluyó su declaración afirmando que la Ley 16-26 ya cumplió su recorrido legislativo y fue debidamente promulgada, por lo que corresponde ahora a las autoridades responsables adoptar las medidas necesarias para garantizar su ejecución sin mayores dilaciones.
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