Samaná, R. – El Ministerio Público obtuvo una sentencia condenatoria de tres años de prisión en contra de dos hermanas que fueron halladas culpables de sustraer mercancías, valoradas en 15 mil dólares, en una tienda donde laboraban en la provincia Samaná.
El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Samaná dictó la pena privativa de libertad en contra de Verónica Porcile y Valentina Venturino, quienes fueron acusadas de asociación de malhechores, robo y abuso de confianza.
El expediente detalla sobre el caso, que, en fecha 5 de abril del año 2021, la señora Verónica Porcile se presentó a la boutique y le ofreció a su propietaria sus servicios de administradora de la tienda, destacando su amplio conocimiento y manejo en el área de administración, quedando de manera verbal contratada para prestar dichos servicios en calidad de empleada, con un salario de RD$25 mil mensuales, más incentivos y otros beneficios.
Pasados unos días, según indica el expediente, Verónica Porcile le sugiere a la víctima que le proporcione trabajo a su hermana, la coacusada Valentina Venturino, quien, también, quedó contratada como trabajadora, para que ayudara a su hermana, quien fungía como encargada de dicha tienda.
La acusación relata, que, en fecha 19 de julio de 2024, alrededor de las 11:30 de la mañana, es que la víctima se percata de que les faltan diversas mercancías (ropas) y procede a realizar un inventario minucioso en el negocio, el cual le permitió establecer que las procesadas, fraudulentamente, les habían sustraído diversas prendas de vestir (pantalones, blusas, vestidos, traje de baño y otros), por el referido monto.
Además de la sustracción de las prendas de vestir, las hoy condenadas alteraban las ventas realizadas, sin pasarlas por el sistema y sustraían el dinero.
Por esos hechos, ambas fueron acusadas de violar los artículos 265, 266, 379, 386-3 y 408 del Código Penal Dominicano.
Los fiscales Reinaldo Quevedo y Marlene Rodríguez tuvieron a cargo de la investigación y litigación del caso, respectivamente.
La sentencia fue dictada por los jueces Edward José Soto Soto, Martha Mireya Indira Javier Cedano y Ruth Esther García Cruz, quienes acogieron como buenas y válidas las pruebas aportadas por el Ministerio Público.
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