Medios de prensa bolivianos informaron que el Tribunal Cuarto de Sentencia de ese país ratificó la sentencia de diez años de cárcel impuesta en 2022 a la expresidenta de facto Jeanine Áñez dentro del denominado caso Golpe II.
Áñez fue declarada culpable de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Fue acusada por la Fiscalía de haber asumido en 2019 la presidencia del Senado y luego de Bolivia sin cumplir requisitos constitucionales, luego del golpe de Estado perpetrado contra el expresidente Evo Morales por la derecha local, aliados externos y la Organización de Estados Americanos (OEA).
La ratificación de la condena fue confirmada por su abogado defensor, Eusebio Vera, quien informó que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), última instancia de apelación, la declare como sentencia ejecutada.
La denuncia de este caso (Golpe II) fue presentada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en abril de 2021, cuando Áñez ya era procesada por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo tras la denuncia de la exdiputada Lidia Patty (caso Golpe I).
Según reportes de prensa, otras personas juzgadas en el caso Golpe II también recibieron la ratificación de la sentencia. Una pena de diez años de prisión recibieron el excomandante general de la Policía, Yuri Calderón, y el excomandante de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Williams Kaliman. Ambos están prófugos de la Justicia.
También fueron sentenciados el exjefe del Estado Mayor de las FF.AA., Flavio Gustavo Arce (dos años de cárcel); el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta (tres años); así como el exinspector general del Alto Mando, Jorge Fernández, y el general Sergio Orellana, exjefe del Departamento III de Operaciones (ambos condenados a cuatro años).
Áñez fue detenida en marzo de 2021 y se mantiene en prisión preventiva en el penal de Miraflores, en La Paz. En total, tiene seis procesos abiertos en la Justicia ordinaria.
Sectores populares que resistieron al golpe de Estado la consideran responsable de las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz), cuando militares reprimieron con el uso de munición de guerra a seguidores de Evo Morales y a defensores del retorno de la institucionalidad.
El 15 de noviembre de 2021, en Sacaba, 11 civiles perdieron la vida y alrededor de 120 resultaron heridos, en tanto que otros 11 murieron y 78 salieron con lesiones en Senkata, el 19 de noviembre del mismo año.
Fuente Telesur
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