Con ambos tratados se le otorga al personal militar y civil de Estados Unidos, privilegios, exenciones e inmunidades, equivalentes al personal diplomático.
La Corte Constitucional de Ecuador hizo público dictámenes favorables y concluyó que no requerirán de aprobación de la Asamblea Nacional los acuerdos militares suscritos entre ese país y Estados Unidos, bajo la administración de Guillermo Lasso, pero que se hacen efectivos con Daniel Noboa.
De esta manera, sin otro trámite parlamentario, el Gobierno de Noboa podrá ratificar dos tratados internacionales con los Estados Unidos enfocados en cooperación en seguridad y defensa, en medio de la crisis de seguridad que vive esa nación y tras una reciente visita de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson.
En la administración presidencial de Guillermo Lasso se suscribieron dos documentos denominados Acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas y Acuerdo Relativo al Estatuto de las Fuerzas.
Con el primero de ellos se pretendía, según Lasso, “fortalecer la intervención de los dos Estados para prevenir, identificar, combatir, impedir e interceptar las actividades ilícitas y se haría solamente contra buques sospechosos, incluidos aquellos sin nacionalidad”
Sobre el segundo se autorizaba que “el personal militar y civil de los Estados Unidos puedan estar presentes temporalmente en el territorio del Ecuador con relación a visitas de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias”, entre otras.
Los dictámenes se aprobaron en una plenaria con seis votos a favor y tres salvados (en contra del dictamen de mayoría).
La Corte justificó el voto favorable porque, aparentemente, “no se configura una alianza militar porque tiene como fin, exclusivamente, la cooperación para hacer frente a las actividades marítimas ilícitas, específicamente las relativas al tráfico de drogas, tráfico ilegal de migrantes”.
En definitiva, argumentaron que ninguno de los dos tratados se relacionan con los mecanismos del artículo 419 de la Constitución ecuatoriana, por lo que no requiere aprobación de la Legislatura y se devolverán a la Presidencia para que continúe con el trámite.
Todo esto sucedió luego que, en medio del estado de excepción y “conflicto armado interno” que vive el país, una delegación de EEUU visitara el país encabezada por el asesor presidencial especial para las Américas, Christopher Dodd, la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos Laura Richardson y el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, Christopher Landberg, todos enviados por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
Con el acuerdo, Ecuador renuncia a la posibilidad de juzgar infracciones cometidas por el personal militar o civil de los Estados Unidos. “Y, por lo tanto, autoriza a EEUU a ejercer jurisdicción penal sobre dicho personal mientras este se encuentre en el territorio del Ecuador”.
Asimismo, permite que “las aeronaves, los buques y los vehículos operados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos o que en ese momento estén operados para dicho departamento, podrán entrar al territorio del Ecuador, salir de el y desplazarse libremente por el mismo”.
En otro punto se llega a reconocer por Ecuador que “es probable” que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tengan que utilizar el espectro radioeléctrico. Se permitirá que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos opere sus propios sistemas de telecomunicaciones.
Fuente TeleSUR
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