Al conmemorar el 63 aniversario del derrocamiento de Juan Bosch, llaman a recuperar los valores democráticos y cuestionan corrupción, impunidad e inseguridad
Orlando Arias
SANTO DOMINGO.– A 63 años del golpe de Estado que derrocó al presidente Juan Bosch, militares y civiles constitucionalistas afirmaron que los acontecimientos que actualmente sacuden a la República Dominicana reabren el debate sobre la calidad de la democracia, la ética pública y la capacidad de las instituciones para responder a las demandas de la sociedad.
Durante un acto conmemorativo por el derrocamiento de Bosch, los participantes sostuvieron que la crisis de confianza que, a su juicio, afecta a los partidos políticos y a distintas instituciones del Estado guarda relación con problemas que el país arrastra desde aquella ruptura del orden constitucional, entre ellos la corrupción, la impunidad, la inseguridad y las deficiencias en la gestión pública.
Las declaraciones se producen en un momento en que el país enfrenta diversos episodios que han elevado la preocupación ciudadana. Entre ellos figuran el asesinato de Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, quien también resultó gravemente herido durante un ataque ocurrido en su residencia en Santo Domingo Este. La Policía y el Ministerio Público mantienen abierta la investigación del caso.
A este escenario se suman las investigaciones judiciales relacionadas con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). El Ministerio Público desarrolló el pasado 18 de septiembre allanamientos simultáneos como parte de la denominada operación SeNaSa 2.0, en la que fueron detenidos más de 25 profesionales de la medicina.
También el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) informó la suspensión de 14 proveedores luego de detectar irregularidades técnicas durante nuevas inspecciones relacionadas con las licitaciones del desayuno y almuerzo escolar para los períodos 2026-2027 y 2027-2028.
En ese contexto, los constitucionalistas consideran que el país necesita fortalecer sus instituciones y recuperar la confianza de la ciudadanía en la democracia, planteamiento que vinculan con las razones que, según su interpretación histórica, motivaron la defensa del orden constitucional en 1965.
Andrés Fortunato Victoria, presidente de la fundación que depositó una ofrenda floral ante la estatua del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, afirmó que el golpe de Estado contra Bosch no tuvo como propósito defender la democracia, sino que, según su interpretación, respondió a intereses de sectores militares, económicos y políticos de la época.
Fortunato sostuvo además que el movimiento constitucionalista de abril de 1965 no tuvo carácter comunista, como se alegó durante aquellos acontecimientos, sino que estuvo dirigido a procurar el retorno al orden constitucional y al gobierno elegido democráticamente.
Los participantes en el acto reivindicaron particularmente el carácter democrático de la Constitución de 1963 y del movimiento constitucionalista, al tiempo que atribuyeron a la ruptura institucional de 1963 y a la intervención militar estadounidense de 1965 parte de los problemas políticos y sociales que, según afirmaron, todavía afectan al país.
En su intervención, Fortunato también cuestionó el funcionamiento actual de los partidos políticos y afirmó que sectores de poder mantienen influencia sobre esas organizaciones, contribuyendo, a su entender, al alejamiento de las bases partidarias y al descrédito de la actividad política.
Como alternativa, los constitucionalistas plantearon la necesidad de construir una “cuarta fuerza política constitucional y electoral”, sustentada, según dijeron, en la ética, los valores patrios y el compromiso con la democracia.
El grupo también reclamó al Gobierno del presidente Luis Abinader la restitución de derechos que, según sostienen, corresponden a militares que participaron en el movimiento constitucionalista del 24 de abril de 1965 y a los civiles que respaldaron aquella causa.
A 63 años del derrocamiento de Bosch, el reclamo de los constitucionalistas vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que trasciende la memoria histórica: cómo recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y hacer que los principios de democracia, transparencia, justicia y responsabilidad pública se traduzcan en hechos concretos.
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