Santo Domingo.- La Contraloría General de la República cuenta, por primera vez, con un repositorio digital completo de contratos, órdenes de pago y correspondencias que ha permitido la eficientización de sus procesos institucionales y reducción de sus tiempos de respuesta a la ciudadanía.
El hito alcanzado se materializó en dos partes: un histórico, abarcando contratos y órdenes de pago desde 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020, y una sección en línea, actualizada desde el de enero de 2021 hasta la fecha.
Esto ha sido posible gracias a la previa implementación de los sistemas Trámite Regular Estructurado (TRE) y Transparencia Documental (Transdoc) del Proyecto Regional PNUD – SIGOB (Sistema de Gestión para la Gobernabilidad), con los cuales se ha logrado automatizar el registro de contratos públicos y la autorización de órdenes de pagos.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)acompaña a la Contraloría en la ejecución de la iniciativa, especialmente con la vinculación de personal internacionalexperto en el diseño y montaje de metodologías, procedimientos de gestión, capacitación de recursos humanos e instrumentos de soporte técnico, para la ejecución de proyectos.
Los beneficios concretos de la implementación de esta cooperación han sido varios: contar con un repositorio digital histórico de contratos, órdenes de pago y correspondencias desde 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020; desarrollar un mecanismo que identifica los registros que cada año se decida enviar al histórico; la optimización de los tiempos de respuestade la aplicación; y reducción en los tiempos de backup diario; entre otros.
Estos avances, además de mejorar la eficiencia interna de la institución, también garantizan una gestión más transparente y segura de la información.
Estos son parte de los resultados del acuerdo de cooperación firmado entre la Contraloría y el PNUD, en diciembre de 2023, para optimizar servicios de desarrollo, fortalecer las capacidades de gestión y, con ello, hacer más rápida, efectiva y transparente la fiscalización interna y la garantía del uso de los recursos públicos.
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