El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Karim Khan, publicó una declaración para exigir el cese inmediato de las amenazas contra él o contra la institución, a raíz de los temores en círculos israelíes sobre la emisión de órdenes de arresto contra funcionarios hebreos.
De acuerdo con su denuncia, tales expresiones sobre posibles represalias contra la CPI o sus empleados si la Fiscalía actúa en investigaciones dentro de su jurisdicción, socava la independencia e imparcialidad del tribunal.
Además representan una violación del derecho internacional y un crimen contra la administración de justicia, según el Estatuto de Roma, el cual prohíbe “tomar represalias contra un funcionario de la corte por las funciones desempeñadas por cualquiera de sus empleados”.
Esa ley también prohíbe “obstruir, intimidar o influenciar a un funcionario judicial, con el objetivo de obligarlo o persuadirlo a no desempeñar sus funciones o a realizarlas de manera inapropiada”.
Khan no negó ni confirmó, en su mensaje, la intención de emitir las temidas órdenes judiciales contra el primer ministro, Benjamín Netanyahu, el titular de Defensa, Yoav Galant, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Herzi Halevy u otros funcionarios de Tel Aviv.
Desde 2021, la CPI procesa un expediente referido a crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes que se remontan a la guerra en Gaza en 2014, investigación ampliada en fecha reciente para incluir la guerra actual en el mismo territorio.
El temor ante la posibilidad de las órdenes de arresto esperables al cierre de esa indagación se exacerbó durante una llamada telefónica del pasado domingo entre Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Durante ese diálogo, el jefe del gobierno israelí pidió ayuda a su aliado norteño para detener la actuación de los magistrados y Biden confirmó el rechazo de su administración a esa investigación contra Israel.
Fuente Al Mayadeen
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