Toma en cuenta la gravedad de los hechos investigados por el Ministerio Público y el daño provocado por los procesados que desfalcaron miles de millones del SeNaSa en perjuicio de la salud de sus afiliados
SANTO DOMINGO, RD.- Al acoger el pedimento del Ministerio Público, los jueces que componen la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ratificaron la prisión preventiva a siete de ocho vinculados a la red criminal de corrupción administrativa que desfalcó con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, dijo que el tribunal rechazó los recursos que presentaron las defensas de los procesados en la Operación Cobra 2.0-A, y solo varió la prisión preventiva de Elsa De la Rosa Vásquez por arresto domiciliario.
“Sobre ese recurso hay que señalar que la imputada admitió los hechos en el tribunal, o sea, admitió los hechos que había cometido y que había negado en otras instancias, y la medida que tiene sigue siendo privativa de libertad; el tribunal le impuso un grillete electrónico y arresto domiciliario y el resto queda con las medidas de coerción que les fueron impuestas al llegar hasta aquí”, explicó Camacho a periodistas que lo abordaron a la salida del tribunal de alzada.
Camacho encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público en la audiencia, junto a la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, y el procurador de corte José Manuel Aguiló. También, lo integraron los fiscales Yudelka Holguín y Alexis Piña Echavarría. Además, el procurador de Corte José Manuel Aguiló.
El tribunal ratificó la prisión preventiva para los imputados Angeury Guzmán Vásquez, Juan Henry Poueriet, Wander Manuel Díaz Encarnación, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Laura Altagracia Santana Evangelista y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Los jueces de la corte Ysis Muñiz (presidenta), Teófilo Andújar e Ingrid Fernández iniciaron pasadas las 10:00 de la mañana la audiencia en la que ocho imputados que cumplen prisión preventiva, como medida de coerción, buscaban su libertad o que le fuera variada a una menos gravosa. La audiencia terminó alrededor de las 10:00 de la noche.
En el grupo de procesado en la Operación Cobra 2.0 figuran además Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo, quienes guardan arresto domiciliario.
Además, cumplen medidas de coerción (garantía económica e impedimento de salida y arresto domiciliario) Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Martha María Saldaña Saldaña, José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré.
Todos los procesados enfrentan cargos por delitos como estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, falsificación de documentos, sobornos, lavado de activos y desvío de recursos mediante facturación de servicios médicos no realizados, suplantación de identidad de afiliados y vulneración de bases de datos.
Los jueces del tribunal de apelación en las motivaciones de su decisión indicaron que el arraigo social, laboral, económico y familiar de una persona no puede ser la única determinante para que en su contra no se dicte la prisión preventiva como era la pretensión de algunas de las defensas.
En ese orden, precisaron que también deben valorarse otras circunstancias y tomar en cuenta la gravedad de los hechos, el daño provocado a la víctima, el daño a resarcir y la pena imponible.
El Ministerio Público arrestó el pasado año con la Operación Cobra a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de esa ARS, así como a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y a Eduardo Read Estrella, quienes cumplen distintas medidas de coerción.
También a Ada Ledesma Ubiera, quien cumple arresto domiciliario, luego de que se le variara la coerción por asuntos de salud el pasado 16 de julio.
El Ministerio Público procesa además a Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el pasado 30 de julio el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, también, le ratificó la prisión preventiva de 18 meses.
A finales del pasado mes de abril, arrestó a Guzmán Vásquez, quien se desempeñaba como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas en SeNaSa, desde el 8 de marzo del año 2021 hasta el 1 de noviembre del año 2022.
Guzmán Vásquez, quien trató de salir del país con destino a Boston, Estados Unidos, sin contar con boleto de retorno, está vinculado a autorizaciones irregulares de procedimientos médicos y consultas como parte de la red criminal que estafó al SeNaSa mediante el empleo de distintas maniobras y modalidades fraudulentas, para hacerse con montos económicos fuera de los parámetros legalmente establecidos.
Una amplia persecución
El Ministerio Público también puso en marcha el pasado mes de junio la Operación Onco14 que llevó al arresto de tres personas por formar parte de la estructura que abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el cáncer y al SeNaSa.
Por el caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
Lora Cruceta y su esposa Guzmán cumplen prisión preventiva y Vargas Sánchez arresto domiciliario.
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