Por Sebastián Del Pilar Sánchez
La mayor cuota de culpa en la persecución de dirigentes y miembros del Movimiento Popular Dominicano (MPD), durante la dictadura trujillista, la tuvo el infiltrado Mario Jerez Cruz, un abogado que se sumó a este partido el 4 de junio de 1960, tras ser instalado en territorio nacional por los señores Máximo Antonio López Molina y Andrés Marcelino Ramos Peguero, exiliados antitrujillistas que residieron varios años en Cuba.
Aunque parezca increíble, la relación de Jerez Cruz con la dirigencia de este partido siempre fue satisfactoria, por ser un hombre inteligente, afable y trabajador que cumplía a cabalidad las tareas políticas encomendadas y le buscaba solución a los problemas jurídicos de esta organización, mediante una labor impecable hecha con efectividad insuperable.
Así obtuvo la confianza y el respaldo de sus líderes, su membrecía en el primer comité central del MPD y se situó en poco tiempo como la tercera figura emepedeísta en mando y jerarquía.
La dirigencia de este partido pudo valorar en ese momento el esfuerzo que hacía este profesional del Derecho en organizarlo y fortalecerlo, lo mismo que su aparente lealtad a sus principios y objetivos. De modo que nadie hubiera creído que sería su potencial adversario, o un enemigo infiltrado que engendraría en su interior dolor y tragedia.
Sin embargo, este individuo respondía en realidad a los intereses del dictador Trujillo, aunque servía con suma discreción a su aparato represivo, al estar conectado directamente al temible coronel Johnny Abbes García y al Servicio de Inteligencia Militar (SIM).
Su relación con el poder surgió mucho antes que se decidiera en el exilio el regreso de López Molina y Ramos Peguero a su país a organizar su partido, con la idea de forjar un instrumento de lucha de la clase obrera que enfrentara y desplazara la dictadura.
El vínculo de Jerez Cruz con el régimen trujillista se estableció a principios de la década de los años 50 en su pueblo natal de El Seibo, por el favor de un encumbrado funcionario municipal que durante un acto público le pidió al dictador Trujillo que ayudara a este muchacho a estudiar en la capital, porque había sido un alumno sobresaliente de la escuela local, de extracción social muy humilde, que merecía el respaldo del Estado.
Trujillo acogió esa solicitud e instruyó al Partido Dominicano a que le pusiese un subsidio fijo por un valor de doscientos pesos mensuales, que le sirvió para cubrir sus gastos de residencia en Santo Domingo y su ingreso a la Universidad, donde obtuvo con su asistencia protectora un título de doctor en Derecho.
Fue esa la razón de que germinara la gratitud en el espíritu de este joven abogado seibano y se animara a reciprocar con febril empeño la deferencia del dictador de garantizar sus estudios superiores con la benevolente protección de su partido.
También fue este el motivo de que se hiciera asiduo colaborador del régimen trujillista, suministrándole por medio de la dirección del Partido Dominicano, frecuentes informes sobre los eventos universitarios y otros asuntos de interés del gobierno.
Su contribución a la causa trujillista se incrementó de modo considerable a principios de 1959, cuando el SIM se interesó en conseguir informaciones sobre el quehacer de los exiliados dominicanos en Cuba, debido a que con el triunfo de la Revolución cubana había sonado la alarma sobre la preparación de una expedición armada organizada por estos emigrantes asistidos por el ejército revolucionario.
Por su reconocida relación de amistad con un hermano de López Molina, a quien apodaban Tico, de nombre Ernesto Arcadio, el abogado seibano fue mandado a buscar por el coronel Abbes García, quien le pidió indagar sobre las actividades de Máximo Antonio en la vecina isla, donde este dirigente antitrujillista, con nueve años de exilio, había pasado a ser secretario general del MPD, a raíz de la desaparición de su ideólogo, Pablo Antonio Martínez Rodríguez, ocurrida el 13 de marzo de 1957.
Sería su primer trabajo directo con Abbes García y una dura prueba de lealtad a Trujillo, puesto que tenía que quebrar el lazo de fraternidad y afecto que había constituido con el joven Tico, a quien conocía desde el año 1955. Sin embargo, no dudó mucho en aceptar este reto y colaborar con el régimen, intuyendo que incumplir las directrices del jefe del SIM, significaba caer en desgracia ante su amado protector y guía.
No obstante, maniobró para evitar una clara ruptura de su antigua camaradería, apelando a su talento de actor para dramatizar y fingir sus actos ante su inseparable amigo; aunque no pudo lograr una sola información trascendente, pese a la intensa exploración realizada y a su persistencia en mostrar un perfil antitrujillista.
Jerez Cruz llegó al extremo de compartir con su amigo Tico su aversión a la tiranía y planear con aparente entusiasmo la supresión de la vida del dictador dentro del antiguo hipódromo Perla Antillana del ensanche La Fe, durante su habitual asistencia a una competencia hípica; llegando incluso a cronometrar la distancia entre el lugar conveniente para detonar los explosivos y el palco presidencial donde se situaba el tirano cuando asistía a esos eventos.
La única revelación importante relacionada con el líder del MPD, que obtuvo Jerez Cruz de su hermano Tico, fue la notificación del fin de su exilio y el anuncio de su regreso a la República Dominicana el sábado 4 de junio de 1960, acompañado de Andrés Marcelino Ramos Peguero. Siendo en la tarde de este día cuando comenzó verdaderamente a conocer ese partido y a sus cabecillas.
Esa tarde, junto a Tico y su familia, participó en el recibimiento que se les hizo en el Aeropuerto Internacional de Punta Caucedo a su llegada al país, procedentes de Cuba, vía Puerto Rico. También estuvo presente en la primera conferencia de prensa que ofrecieron esa misma noche anunciando su decisión de organizar el MPD en territorio dominicano, para convertirlo en la oposición política al régimen trujillista.
Esa actividad fue efectuada en la casa de la señora Ángela Molina, madre de los hermanos López Molina, situada en la calle Manuela Diez del sector Villa María, en la capital y en la misma participaron periodistas de los diarios El Caribe y La Nación.
Desaparición de Feliú y ataque a militancia del MPD
La noche del 21 de junio de 1960 se produjo la desaparición misteriosa del joven dirigente del MPD Ramón Emilio Feliú Arzeno, al rato de que abandonara la sede de esa entidad en la avenida Duarte No. 12 y se dirigiera a su hogar en la calle 16 de Agosto del sector San Carlos, en la capital.
En las primeras horas se creyó que el SIM lo había re-apresado, pues ese mismo día recobró su libertad, luego de estar mucho tiempo detenido en la cárcel de «La Victoria», donde recibiera golpes y torturas según denunciara a gritos esa tarde, auxiliado por el equipo de sonido situado en una esquina del balcón del local, ante periodistas extranjeros a quienes mostró las huellas de la paliza que le dieron en prisión.
Ramón Emilio pertenecía a una familia acomodada de la provincia de Puerto Plata, residente en Santo Domingo. Eran sus padres, la señora Ofelia Arzeno Peralta, fallecida cuando era apenas un niño, y el general antitrujillista Quírico Feliú, con quien vivía en el citado barrio capitaleño y compartía la profunda pena de la pérdida de dos de sus hijos asesinados por la dictadura trujillista.
Ellos eran: Fabio (su hermano mayor), quien murió en 1935; y Héctor Miguel Ángel, quien fue fusilado en la base aérea de San Isidro en 1959, por orden del general Ramfis Trujillo, tras participar en la expedición armada del 14 de junio, igual que anteriormente en la invasión de Luperón del 19 de junio de 1949, comandada por Horacio Julio Ornes Coiscou.
Según apunta el ingeniero Cayetano Armando Rodríguez del Prado, exsecretario general del MPD, en su autobiografía publicada en el 2008, la desaparición de Ramón Emilio originó la indignación y protesta de su partido, que dispuso realizar una marcha de sus miembros por las calles de Villa Francisca y San Carlos para exigir su libertad y respeto a su integridad personal.
Esa marcha se inició en la avenida Duarte con Benito González y concluyó en la sede del SIM ubicada donde actualmente se encuentran las oficinas gubernamentales que llevan el nombre del profesor Juan Bosch, en la intersección de las avenidas México y 30 de Marzo, en el perímetro del Palacio Nacional.
Los participantes en esta protesta pública desconocían entonces que era imposible rescatar con vida al joven Feliú Arzeno, lo que permite comprender por qué clamaban a gritos por su liberación y coreaban sin cesar las consignas: “¡Abajo Trujillo! ¡Libertad, libertad, libertad!”, expresando sin temor y por primera vez en público su repudio a la dictadura.
Según observa el ingeniero Del Prado en su valoración de esta actividad, sólo el Partido Socialista Popular (PSP) había logrado en la década de los años cuarenta realizar una manifestación antitrujillista similar a ésta que fue una inesperada sorpresa para muchos padres de familia que temiendo la retaliación de los agentes del SIM, dispusieron con gran celeridad el cierre de las puertas y ventanas de sus casas.
Un día más tarde, el 23 de junio se produciría el contraataque de los agentes del SIM al desafío mostrado en la marcha por los emepedeístas, siendo su respuesta una arremetida violenta contra su recinto de la avenida Duarte, conducida por militares vestidos de civil junto a una banda denominada «Los paleros de Balá”.
Las irrupciones de esos malhechores en las oficinas del MPD se repetirían los días 12 y 30 de agosto de 1960, siendo la más violenta la ejecutada durante la noche del 30, hasta la madrugada, cuando las turbas trujillistas destrozaron su mobiliario y golpearon o hirieron a unas dieciséis personas; entre las que se encontraban los dirigentes Joaquín Erickson, Jorge Puello Soriano (El Men), Rafael Delio Rivera (Riverita), César Rojas y un aguerrido militante que distribuía el periódico Libertad, llamado Rafael Martínez, a quien un policía vestido de civil le metió un tiro en el vientre y lo dejó desangrándose en la acera del local, pudiendo ser recogido puntualmente por sus compañeros, quienes evitaron su muerte.
Hay que resaltar que en esa refriega estuvo presente el joven abogado Mario Jerez Cruz, quien también fue rudamente golpeado y de acuerdo al apunte citado, su cuerpo fue arrastrado “en macabra procesión hacia el malecón” para ser arrojarlo al mar en las proximidades del edificio donde hoy opera el Ministerio de Cultura; aunque esa intención se varió en el camino y se decidió llevado al Palacio de la Policía.
Muerte de Florisel y otros dirigentes
El 27 de abril de 1963 el doctor Máximo López Molina acusó al doctor Jerez Cruz de ser un agente del SIM infiltrado en el MPD, autor del desquiciamiento sufrido por esa organización a consecuencia de la represión del régimen trujillista; y también lo culpó de la muerte en prisión de Florisel Erickson, un miembro de su comité central asesinado en la cárcel de La Victoria por su implicación en un complot fraguado por un grupo de profesionales que se reunía con cierta frecuencia a conspirar contra la dictadura en la residencia del doctor Tirso Félix Mejía-Ricart Guzmán.
Se refería López Molina a los componentes del Frente Cívico Revolucionario, constituido en diciembre de 1958 en el sector de Gascue por los jóvenes Mejía-Ricart, Federico Henríquez Grateraux, Octavio Amiama Castro (Tavito), Tony Avelino y Luis Gómez Pérez, que se transformó en Frente Cívico Democrático y después -en 1961- en Unión Cívica Nacional.
Esta agrupación clandestina surgió con el propósito de eliminar a Trujillo cuando cruzara por un área minada con explosivos en la intersección de las avenidas George Washington y Máximo Gómez, lugar donde el dictador iniciaba sus caminatas diarias al concluir su visita a su madre, la señora Julia Molina, en la residencia No. 72 de la avenida Máximo Gómez, en la actualidad sede central de la Universidad APEC.
Un colaborador discreto de este grupo clandestino lo fue Antonio Imbert Barrera, quien estaba al tanto del movimiento juvenil que pretendía liquidar a Trujillo e iniciar enseguida un plan suicida para provocar la caída de su régimen; consistente en ataques a cuarteles policiales, control de la corporación eléctrica y lectura de una proclama pública por la poderosa radiotelevisora “La Voz Dominicana”, para comunicar los objetivos de la rebelión y su compromiso democrático.
Imbert Barrera había sido gobernador de Puerto Plata en 1940, leal colaborador de Trujillo y administrador de una empresa de su cuñado Francisco Martínez Alba, llamada “Mezcla Lista»; pero se transformó en su obstinado adversario cuando ordenó el arresto de su hermano Segundo, un antiguo mayor del ejército a quien el dictador humilló y recluyó en la cárcel, donde fue asesinado poco después del magnicidio del 30 de mayo.
El exgobernador puertoplateño tenía una estrecha conexión con Florisel Erickson, quien hasta 1960 se había destacado como un joven rebelde de la ciudad de Santiago que participaba -con su pauta- en la trama aludida en clave con el nombre de “mezcla lista” o “concretera”; y más adelante -desde agosto de este mismo año- sería un alto dirigente del MPD, allegado a López Molina y Ramos Peguero, y además con muy buena relación con Jerez Cruz, con quien solía escuchar las noticias extranjeras contra la dictadura cuando éste visitaba su residencia.
Era evidente que en uno de esos encuentros Florisel hizo referencia a la conjura para matar a Trujillo, al ignorar la labor de delator del abogado; y eso lo puso de manifiesto López Molina al acusar a este último de espía y revelar a la prensa que “esta conspiración llegó a oídos de Jerez y la denunció”, provocando que el SIM arrestara al dirigente santiaguero y lo sometiera a crueles torturas intentando arrancarle una confesión para descubrir el complot y capturar a sus cómplices.
El líder emepedeísta comenzó a desconfiar de la lealtad de Jerez Cruz el día que lo llevaron esposado a la celda donde él se encontraba recluido en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, siendo allí severamente golpeado y sometido a un registro excesivo y teatral, como si se quisiera impresionarle; pero olvidando sus carceleros que era un hábito que la inspección se hiciera en la oficina del penal. Su sospecha aumentó más aún cuando -ya bajo rejas- su compañero quiso averiguar si tenía información de la urdimbre contra Trujillo.
Al amparo de la duda, el comité central del MPD discutió el tema del espionaje y se propuso combatirlo con la creación de un grupo de militantes que bautizaron con el nombre de “los no quemados”, al que pertenecían los simpatizantes que no figuraban en las listas de militantes del partido que manejaba Jerez Cruz, quien ya dirigía la influyente secretaría nacional de organización y controlaba la militancia del partido. Este nuevo grupo tuvo funciones de vigilancia, para contrarrestar el espionaje del SIM y realizó tareas de captación de recursos económicos y de distribución clandestina del periódico Libertad.
En abril de 1963, la viuda de Florisel Erickson, señora María Cira Méndez, acudió al Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, en compañía de la alta dirigencia del MPD, a interponer una querella en la que acusaba a Jerez Cruz de la autoría de la muerte de su marido, quien fue asesinado mediante torturas infligidas en la cárcel.
Esa querella contra el abogado de El Seibo sería ventilada durante 16 audiencias por el juez Arturo Mota, de la Cámara Penal Nacional; agregándosele a la misma la imputación de culpabilidad en los crímenes de otras 83 personas, entre las que estaban el desaparecido Ramón Emilio Feliú Arzeno; Fausto Ortiz Martínez, Ramón Padilla Jáquez, Horacio Frías (Mejo), Alberto Feliciano Abreu, Samuel Virgil, Rafael Campusano, Odalis Cruz Martínez, Michel Baik, José Espertín Oliva (Machón), Julio Fuertes Sánchez, César Díaz Santos (Pipí), Frank Tolentino, Ciprián Polanco, José Daniel Martínez, Francisco Molina, William Stelman, Luis Gil Otero, Ramón Santamaría, Teodoro Peña Santos, Antonio Santiago Ortiz (Bayayo), Pablo Jaime Tineo, Rafael Abreu (El Zurdo) y Federico Mueses Báez.
Luego de ponderar la solicitud de tres meses de prisión que pidió para el acusado el ayudante fiscal, doctor Francisco Mendoza Castillo, el juez Arturo Mota varió la calificación acusatoria por “asociación de malhechores” y emitió una sentencia condenando a Jerez Cruz a cinco años de trabajos públicos, junto a otros miembros del SIM que recibieron condenas menores.
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