Dice el factor común de las mismas fue «arbitrariedad, abuso, incumplimiento, inobservancia, exceso y connivencia»
Santo Domingo – Tras la muerte de tres ciudadanos de forma confusa mientras estaban bajo custodia policial, el Defensor del Pueblo realizó un informe especial sobre la situación en la cual perdieron la vida José Gregorio Custodio, Richard Rafael Báez y David de los Santos.
La institución indica que la muerte de estos ciudadanos pudo ser «perfectamente evitables» y que el factor común de las mismas fue «arbitrariedad, abuso, incumplimiento, inobservancia, exceso y connivencia».
El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa Castillo, tras presentar el informe preliminar indicó que «reprueba y deplora» las acciones y omisiones atribuidas a los agentes de la Policía Nacional que están involucrados en la muerte de Custodio, Báez y De los Santos.
Pidió al director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, emitir instrucciones para elevar los niveles de transparencia y efectividad de las investigaciones disciplinarias para corregir y prevenir las conductas de los agentes del orden.
De igual manera, exhorta a Then a que instruya a los mandos de la informada para que orienten de forma adecuada a sus subordinados, sobre la importancia de cumplir con la obligación de preservar los derechos y las garantías del ciudadano.
Exigió al Consejo Superior Policial que sea aprobado con carácter de urgencia un protocolo de actuación para los miembros de la uniformada, respecto al trato de personas en condición de vulnerabilidad, especialmente para aquellas que padecen de un trastorno o alteración mental.
También exhorta al Ministerio Público asumir de forma proactiva las funciones de supervisión y tutela de los derechos de las personas detenidas en los distintos recintos policiales del país o centros de detención provisional.
Ulloa llamó a la ciudadanía a denunciar por todos los canales disponibles las acciones que pongan en riesgo la vida o atenten contra la dignidad y integridad de las personas detenidas en los cuarteles.
Las investigaciones realizadas por la institución buscan determinar el nivel de responsabilidad de quienes están llamados a garantizar la vida de las personas.
«El deber de cualquier servidor público es hacer cumplir la ley sin atropellos, arbitrariedades y preservando a todo costo los derechos fundamentales de las personas», indica el informe del Defensor del Pueblo.
Precisa que los hechos de los últimos días demuestran lo contrario y que afectan la confianza que la población ha depositado en la Policía Nacional y en quienes las integran.
En el caso de José Gregorio Custodio, el informe establece que éste no contó con la tolerancia de los miembros de la uniformada, ni de los profesionales de la salud que le asistieron, ya que considera «inaudito que con esa sintomatología se le retornara al recinto policial cuando lo razonable hubiese sido que permaneciera en el médico para recibir asistencia hasta que estuviera fuera de peligro».
Entiende que esas circunstancias fueron las que llevaron a la Procuraduría a pedir un nuevo estudio forense que arroje luz sobre las causas de la muerte de Custodio.
En cuanto a David de los Santos precisa que es evidente que el mismo fue colocado en una situación de vulnerabilidad y que los miembros de la uniformada en vez de preservar su integridad permitieron actos de «tortura y otros tratos crueles» que terminaron por quitarle la vida, sin que ningún agente comprendiera la salud mental que tenía el joven.
Mientras que Richard Báez recibió golpes que terminaron ocasionandole la muerte estando bajo custodia policial en el destacamento de Santiago Oeste, en Cienfuegos. El Defensor del Pueblo indica que encuentra extraño que transcurrió casi un mes y ni la Policía Nacional y ni el Ministerio Público habían tomado medidas hasta que los medios informaron sobre el caso.
El Defensor del Pueblo dijo estas declaraciones durante la presentación del informe especial realizado por las muertes de Custodio, Báez y De los Santos.
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