Uno de los dos apresados, el agente de la Policía fue desvinculado del proceso, pero sometido a visitas periódicas por otro delito.
Luego de tres aplazamientos de audiencia, este sábado se le conoció medida de coerción a uno de dos imputados por la muerte de Ana Francisca Gómez, mejor conocida como «La Reina«, en su cuenta de tik tok, en un hecho ocurrido el viernes 7 de octubre.
El juez de la oficina de atención permanente del distrito judicial de Santiago, Bienvenido Liz, dictó tres meses de prisión preventiva contra Wander Robert Peña Angomás, quien conducía la motocicleta en la que se transportaban los matadores de la mujer, que se desplazaba en un carro BMW, blanco, por la avenida 27 de Febrero casi esquina Salvador Estrella Sadhalá, en la provincia Santiago.
Peña Angomás deberá cumplir la medida en el centro penitenciario (CCR) del Pinito, en La Vega. Su hermano, el Policía apresado durante el mismo allanamiento e identificado como Wilfin Gerónimo Sánchez Angomás, fue descargado del homicidio, sin embargo, se le presentaron cargos por tenencia de arma de fuego ilegal, y sustracción de una menor de edad.
Wilfin fue dejado en libertad, pero se le dictó presentación periódica ante el tribunal, decisión que fue criticada por el abogado querellante, Juan Carlos Báez Peralta.
«No estuvimos de acuerdo con la libertad del hermano, porque un mes posterior de la muerte se hace un allanamiento en la casa de este y el tenía todos los objetos, el casco protector, el abrigo y otros instrumentos u objetos utilizados en el asesinato de la joven, donde estos estaban en la casa del Policía».
Sobre los parientes de la mujer asesinada, el abogado señaló que, estos tuvieron que abandonar su residencia en Santiago, por temor a represalias de los imputados.
«Ahorita pueden nuestros representados, en este caso los querellantes, verse perseguidos, incluso tuvieron que abandonar la provincia Santiago, e irse a otros pueblos por el temor de que vayan a tomar represalias», expresó el abogado de la parte querellante.
El Ministerio Público trabaja en identificar al autor material o gatillero, quien permanece prófugo.
Los supuestos sicarios habrían recibido por la muerte de la mujer, un pago de RD$400 mil, pero se desconoce quién habría pagado para que la ejecutaran.
El detenido está imputado de la comisión de asesinato y asociación de malhechores, delitos tipificados y sancionados en los artículos 265, 266, 297 y 304 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Fuente DIARIO LIBRE
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