Por Freddy González
Las acciones que ha venido desarrollando el Ministerio Público desde la designación en agosto del 2020 de la Dra. Mirian Germán Brito como Procuradora General de la República, para enfrentar el flagelo de la corrupción gubernamental (administrativa) que ha permeado y carcomido todos los estratos de nuestra sociedad, merece el reconocimiento y el respaldo de todos los sectores que han venido luchando por el adecentamiento de la vida política en el país.
Nunca como ahora se había enfrentado las estructuras mafiosas que enquistadas en el poder sustrajeron del erario público cifras casi imposible de contar por cualquier ser humano.
No hay un solo caso de los sometidos a la justicia donde la sustracción, el dispendio, el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos no sobrepase varios miles de millones.
El entramado societario orquestado para tales despropósitos en detrimento de la salud, la educación y una mejor calidad de vida del pueblo dominicano, no puede quedar impune. Ha sido enfrentado por este Ministerio Público, con todo el rigor de la ley sin importar el estrato social, económico ni la bandería política de los implicados en tales hechos dolosos en contra del Estado Dominicano.
No han importado los vasos comunicantes y subterráneos existentes entre sectores políticos del país para que los procesos de desvertebrar esas estructuras mafiosas sigan sus cursos normales.
Pero, frente a la actitud valiente de la Procuradora y el equipo que la acompaña de darle cursos a esos mega casos de corrupción y desfalco de los fondos públicos caiga quien caiga, se han levantados cómo guerreros samuráis algunas voces pagadas o beneficiadas de la pasada administración pretendiendo desacreditar el proceso dándole un tinte político a un asunto que todo el pueblo dominicano sabe de su naturaleza dolosa y delictiva.
La corporación económica y política de la pasada administración ha dado un «Grito de Guerra», con el objetivo de amedrentar tanto al ministerio público como al sistema judicial, para que estos casos no sean conocidos hasta el fondo con una condena que siente un precedente para la presente y futuras generaciones de políticos dominicanos.
Frente a hechos tan lamentables como los ocurridos el lunes 20 del corriente mes de marzo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde grupos de peledeistas intentaron penetrar a la fuerza a dicho recinto, los sectores que abogamos por el adecentamiento de nuestra sociedad, estamos obligados a respaldar las actuaciones del Ministerio Público encabezado por la Dra. Mirian Germán Brito.
En un Estado Social, Democrático y de Derecho, el respeto al debido proceso tiene que ser garantizado, pero no puede ser una excusa para que la delincuencia de cuello blanco no sea procesada ni llevada al banquillo de los acusados.
A todos los ciudadanos del país, encartados por hechos punibles se le presume la condición de inocencia que estipula en Art. 69, Numeral 3 de nuestra constitución, hasta que exista una condena que haya adquirido la condición de irrevocablemente juzgada.
En esa situación hay en nuestras cárceles más 16 mil presidiarios y nadie se le ha ocurrido tildar de persecución política ni violación de derechos fundamentales. Ante la Ley todos debemos ser iguales no importando ni su estatus social, ecónomico y político.
Los que matan son asesinos, los que estafan son estafadores y los que roban son ladrones, no importando la clase social a las que pertenezcan y tienen que comparecer ante la ley, todos de las misma manera.
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