Washington no forma parte del Tribunal Penal Internacional y no reconoce su jurisdicción
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles nuevas sanciones para otros cuatro miembros del Tribunal Penal Internacional (TPI) por llevar a cabo investigaciones sobre crímenes de guerra en Gaza y en Afganistán, entre otros.
La Administración de Donald Trump suma así una nueva ronda de sanciones al TPI después de la emitida en junio contra cuatro jueces de ese organismo, y la de febrero contra el fiscal, Karim Khan. Esta vez, Rubió anunció restricciones contra Kimberly Prost, de Canada; Nicolas Guillou, de Francia; Nazhat Shameem Khan, de Fiji y Mame Mandiaye Niang de Senegal.
«Estas personas son extranjeras que participaron directamente en los esfuerzos del Tribunal Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones», explicó el jefe de la diplomacia estadounidense en un comunicado.
La sanciones contemplan el bloqueo de los bienes que los implicados tengan en EE UU, y la prohibición de transacciones, incluidas las transferencias o recepción de fondos, entre los señalados y los ciudadanos estadounidenses.
La jueza Prost ha participado en procesos de la Corte relacionados con crímenes de guerra. En algunos se investiga a fuerzas estadounidenses y a la CIA por su intervención en conflictos globales como el de Afganistán. De igual modo, los fiscales adjuntos Khan y Niang supervisan investigaciones sobre crímenes graves en Kabul, que incluyen a estadounidenses, y en Sudán.
Por su parte, el juez francés Guillou ha formado parte de la cámara que emitió sanciones de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de defensa, Yoav Galant, entre otros funcionarios israelíes, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
«EEUU ha sido claro y firme en su oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio a nuestra soberanía nacional y el exceso judicial ilegítimo de la CPI. La Corte representa una amenaza para la seguridad nacional y ha sido un instrumento de guerra legal («lawfare”) contra EEUU y nuestro cercano aliado Israel», añadió este miércoles Rubio en un comunicado.
Esta corte, creada por el Estatuto de Roma, se centra juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Sin embargo, países como EEUU, China, Rusia e Israel no son miembros de ese organismo y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción.
Fuente: La Razón
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