Viceministra de Hacienda y Economía, María José Martínez, destaca que financiar la resiliencia en esa área es clave para proteger el crecimiento
El cambio climático dejó de ser un tema exclusivamente ambiental para convertirse en uno de los principales desafíos económicos y fiscales que enfrenta República Dominicana, afirmó este miércoles la viceministra de Crédito Público, María José Martínez, al participar en la Primera Semana Nacional de Financiamiento Climático en representación del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.
En la actividad, encabezada por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, Martínez advirtió que los fenómenos climáticos extremos generan costos crecientes sobre la infraestructura, la actividad productiva, los servicios y las finanzas públicos, especialmente en países insulares y altamente vulnerables como República Dominicana.
“El cambio climático ya no es únicamente un desafío ambiental, es también un desafío económico y fiscal”, afirmó la funcionaria en el evento que se celebra en el hotel Aloft, en Santo Domingo, hasta el 26 de junio. Martínez señaló que alcanzar un desarrollo equitativo resulta imposible sin incorporar medidas de mitigación y adaptación climática dentro de la planificación económica nacional.
“No se trata únicamente de proteger ecosistemas; se trata de proteger el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar de nuestra población”, expresó.
La viceministra destacó que el Ministerio de Hacienda y Economía trabaja en la integración de la acción climática dentro de la planificación económica y fiscal del Estado, bajo la premisa de que las economías más resilientes son aquellas capaces de anticipar riesgos, fortalecer sus instituciones y canalizar recursos hacia inversiones sostenibles de largo plazo.
Resaltó que el país ha avanzado en la construcción de una arquitectura financiera para impulsar la sostenibilidad, mediante la definición de metas climáticas, la creación de una taxonomía verde nacional y la implementación de un marco de financiamiento sostenible que permitió la emisión del primer bono verde soberano dominicano.
“La emisión de nuestro bono verde soberano representó un hito importante para el país”, recordó. Según explicó, esta operación no solo permitió captar recursos para proyectos ambientales, sino que evidenció la capacidad del país para vincular la gestión responsable de la deuda pública con objetivos de sostenibilidad.
No obstante, sostuvo que el éxito de estos instrumentos depende de la fortaleza institucional que los respalda. “La confianza de los inversionistas y de nuestros socios internacionales se construye sobre la base de reglas claras, transparencia, rendición de cuentas y capacidad de demostrar resultados”, subrayó.
Martínez reconoció que las necesidades de inversión para adaptación y mitigación climática continúan siendo elevadas y superan la capacidad financiera de cualquier presupuesto nacional, por lo que consideró indispensable movilizar recursos del sector privado, organismos multilaterales y la cooperación internacional.
En ese sentido, afirmó que el rol del Estado debe centrarse en establecer prioridades, fortalecer capacidades institucionales y estructurar proyectos de calidad que permitan atraer financiamiento adicional. “Cada peso invertido eficientemente por el Estado debe contribuir a generar un impacto mayor sobre el desarrollo sostenible y la resiliencia de nuestra economía”, puntualizó.
Principales retos
La funcionaria señaló que uno de los principales retos para los próximos años será fortalecer la coordinación entre las políticas climáticas, fiscales y financieras, garantizando que los mecanismos disponibles contribuyan de manera efectiva al desarrollo sostenible y a la estabilidad macroeconómica del país.
“Financiar la resiliencia climática es también proteger nuestro crecimiento económico, fortalecer nuestra competitividad y construir un mejor futuro para las próximas generaciones dominicanas”, sostuvo. El evento se realizará del 24 al 26 de junio y reunirá a actores clave del sector público, privado, financiero, académico, cooperación internacional y sociedad civil para dialogar y tomar acción frente a los desafíos climáticos del país.
Fuente: El Dinero
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