Arismendi Díaz economista y gestor de la Ley 87-01 respondió a las recientes declaraciones del director de la DGII
El presidente Fundación Seguridad Social Para Todos, Arismendi Díaz Santana, saludó las declaraciones del titular de la Dirección de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez, por considerar que el pago de los impuestos es obligatorio para todos.
En declaraciones recientes, Valdez señaló que «todo cobro o servicio profesional debe ser registrado» de acuerdo con las leyes del país. Estas declaraciones se producen en medio del anuncio del gobierno dominicano de realizar una reforma fiscal integral y el reclamo generalizado contra los evasores.
Para Díaz Santana, el cobro de copagos constituye una práctica doblemente informal: es ilegal y constituye una evasión de impuestos, ya que los médicos y las clínicas, así como todos los profesionales libres, están obligados a entregarles factura fiscal a los pacientes.
«Es un secreto a voces que en el sector salud privado se les exige a los pacientes afiliados el pago de diferencias para acceder a casi todos los servicios del Plan Básico de Salud (PBS): consultas externas, análisis de laboratorios, estudios especiales, partos, intervenciones quirúrgicas y tratamientos», expresa el economista especializado en seguridad social.
A través de un artículo de opinión, resalta que, «de todos, los copagos que cobran los médicos es el más crítico, incierto e irritante, porque son establecidos libremente y sin límites, por lo que pueden ser elevados de manera unilateral en cualquier momento. Cobran montos más elevados en los casos de intervención quirúrgica y de tratamientos especiales».
«No aceptan tarjetas de crédito, ni cheques y se niegan a entregar una factura o recibo que le permita al paciente realizar cualquier reclamación frente a su ARS o solicitar su deducción en su declaración fiscal anual. No se entrega una constancia legal para no pagar impuestos, lo que constituye una evasión fiscal penada por la Ley», añade.
El pasado gerente del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) destaca que esta práctica golpea fuertemente el presupuesto familiar. Los copagos superan hasta seis veces el pago de la Administradora de Riesgo de Salud (ARS) por servicio.
«Cálculos conservadores estiman entre 30,000 y 35,000 millones de pesos anuales, percibidos sin pagar impuestos. Se trata de una operación totalmente ilegal e informal en beneficio de los médicos y en perjuicio de los afiliados y del fisco», comenta.
En los casos de una consulta, la secretaria cobra en efectivo, sin dejar rastros ni constancia de la transacción. Y en los servicios más complejos no aceptan tarjetas de crédito y se exigen una transferencia a una cuenta digital, también con fines evasivos.
«Esa es una demostración de la total mercantilización de la medicina de parte de todos los agentes. Lamentablemente, ya ni los médicos se escapan de este calificativo, salvo excepciones, anteponiendo el afán mercantil, al servicio médico y a la vocación social. Se trata de un problema ético y legal creciente que requiere de una atención oportuna de las autoridades para reducir la evasión fiscal«, dice Díaz Santana.
Fuente Diario Libre
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