Por Marcell Sánchez
(Este artículo de opinión y su contenido es de exclusiva responsabilidad del autor)
La negación y la descalificación del adversario, la construcción del rival como amenaza y enemigo, buscan obligar a la ciudadanía a optar por uno u otro, sin matices.
“La patria está en peligro”. Esa dramática proclama es la única coincidencia entre oficialistas y opositores extremos. Pero la patria no “eres tú ” ni “es el otro”, “la patria somos nosotros. No todos”.
El otro es una amenaza Letal. Eso dicen y de eso se acusan uno y otro. En tales términos se construye el escenario para la segunda vuelta. Un balotaje puesto en clave de tragedia.
La elección en la que se enfrentarán Abinader y Leonel Fernández con sus amigos es entre dos de los candidatos y dos de los modelos más antagónicos en estos años de democracia, que es lo que de verdad parece estar en riesgo.
La negación y la descalificación del adversario, la construcción del rival como amenaza y enemigo, buscan obligar a la ciudadanía a optar por uno u otro. Sin matices.
Ese es el dilema al que se enfrentan los ciudadanos. Demasiado peligroso para un país con tantos problemas irresueltos, que para el debut del próximo gobierno es más probable que hayan empeorado antes que las penurias se hayan alivianado. Solucionado, imposible.
La plasticidad de Abinader y el dogmatismo sin frenos de Leonel conviven con los extremismos y elasticidades de toda naturaleza que existen en sus respectivos espacios.
No es solo la ideología o la praxis política lo que los separa y los lleva a descalificar al otro. También la moral como categoría y herramienta de diferenciación (o negación) política. Nada más absoluto, nada más intransigente, nada más irreductible. Nada menos político. Buenos versus malos. Como si purezas o impurezas, honestos o indecentes, democráticos o antirrepublicanos solo hubiera de un lado y no del otro.
Así, la idea de que hay que optar por uno u otro es impuesta como un imperativo categórico porque lo que está en juego es un bien superior, trascendental, que el otro lo amenaza y uno lo preservará.
Son demostraciones de que la política ha sido ineficaz para construir acuerdos mínimos que pudieran poner freno a la larga decadencia. Para peor, ahora se corre el riesgo de encaminarse a destruir las bases del diálogo y la convivencia democráticos. De una democracia que con tanto esfuerzo se estrenó hace 40 años y se ha sostenido durante cuatro décadas. Aunque abundaron los esfuerzos por socavarla.
Es cierto que hay un candidato (Abinader) que ahora se ha lanzado a proponer un gobierno de unidad nacional. Pero también es cierto que él llega con su propia historia de promesas incumplidas, con una gestión en la que abundan sombras y arbitrariedades y como postulante de un espacio que hizo del antagonismo y la instalación de la lógica amigo-enemigo el pilar de la construcción de un poder hegemónico que marcó las últimas dos décadas del país. Un poder que en demasiadas ocasiones forzó, cuando no vulneró, la institucionalidad, por ejemplo, en cuanto a la independencia de la Justicia y al respeto a la libertad de expresión; los altos e injustificados aumentos de salarios que se hicieran a inicio de gestión la mayoría de los funcionarios del gobierno, hasta las concesiones alegres y fáciles de permisos para importar productos a decenas de amigos y allegados del gobierno.
Siguiendo con el otorgamiento de más de 50 000 ¨pensiones¨, sin ningún sustento legal de cotizaciones viejas, a dirigentes políticos del partido oficial y de otros partidos de la oposición que han sucumbido ante las ofertas tentadoras provenientes del gobierno para que pasen a formar parte del PRM.
Y más recientemente, el gobierno, a través del MAP, dispuso de manera alegre, y sin previo proceso de consulta, una ¨compensación¨ a funcionarios del Estado para la adquisición de vehículos, bajo el burdo pretexto de que serán usados para asuntos oficiales.
Con esa disposición que acaba de tomar el gobierno se pretende otorgar a más de 200 000 funcionarios del Estado una concesión para que saquen vehículos de su conveniencia y que el Estado le pague la mensualidad bajo el pretexto de la aludida “compensación” por el “uso” del vehículo.
Esos más de 200 000 funcionarios públicos podrían ser favorecidos con recursos públicos con un promedio de RD$1 500 000 cada uno, lo que equivaldría a un monto global de más de RD$300 000 000 que se desprenderían del presupuesto nacional para favorecer a dichos funcionarios.
Independientemente de la buena intención que se pueda tener desde el Ministerio de Administración Pública (MAP) para aplicar esa medida, deben reconocer que la misma puede generar serias dificultades al gobierno en el entendido de que podría dar lugar, con justa razón, a las siguientes interpretaciones:
1ro. Se vería como una especie de favoritismo y privilegio a una serie de funcionarios para que se hagan de vehículos nuevos (y de buenas marcas) y que el Estado les pague las mensualidades del financiamiento, disfrazado ese pago de una supuesta “compensación” por su uso ocasional en asuntos oficiales; y
2do. Podría dar la impresión de que esos favores se les otorgaría a muchos dirigentes políticos que son funcionarios en el gobierno, para que éstos utilicen esos vehículos en campaña electoral, poniéndoles afiches y distintivos que se identifiquen con la reelección.
Lamentablemente estos hechos señalados no han llamado la atención a las autoridades competentes ni a los órganos que se encargan de la promoción de la ética y el control y prevención de la corrupción.
Constituye un imperativo acabar con el derroche de los recursos públicos, es decir, aquellos gastos superfluos a cargo del erario que, aunque a simple vista no constituyen actos de corrupción, sí afecta el buen uso de los mismos en detrimento de la ciudadanía.
La sociedad, cada vez más activa en la vida política demanda que los gobernantes sean más responsables, transparentes y eficientes en el gasto público.
Gastos como es el pago de supuestas “pensiones”, aumentos indiscriminados de salarios, “compensación” por vehículos, boletos de avión en clase premier, gastos de publicidad de la imagen personal de altos funcionarios públicos y políticos, altos viáticos, entre otros, causan indignación a la población y no contribuyen en nada a la buena imagen del gobierno.
El gobierno debe detener el derroche de recursos públicos
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ESE ES MI HIJO, HEREDO VENA ESCRITORA Y DA DURO