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Por Becker Márquez Bautista
La historia de la República Dominicana es una crónica de resiliencia frente a la adversidad. Hemos sobrevivido a ocupaciones extranjeras, desastres naturales, dictaduras feroces y crisis económicas. Sin embargo, el desafío más insidioso que enfrentamos hoy no proviene de una fuerza externa ni de la naturaleza, sino de la erosión moral de nuestras propias instituciones: el saqueo sistemático del erario público.
En las últimas dos décadas, el país ha sido testigo de cómo la corrupción, el nepotismo y la degradación de los procesos electorales se han convertido en los flagelos más devastadores de nuestra era. No se trata de incidentes aislados; asistimos a la consolidación de verdaderas «asociaciones» que han secuestrado el sistema de partidos y permeado sectores empresariales con el único fin de repartirse la nación como un botín de guerra.
Es alarmante observar una ciudadanía que, en gran medida, parece aletargada o distraída mientras se hipoteca su futuro. Esta apatía es el caldo de cultivo ideal para una clase política de doble moral y funcionarios que han desvirtuado la esencia del servicio público. Para muchos, llegar al Estado no es un honor para servir, sino una oportunidad para el enriquecimiento ilícito y el acomodo de lealtades personales, ignorando el mandato sagrado de nuestra Constitución.
La complicidad de un Congreso irresponsable es el punto más crítico de esta crisis. En lugar de ejercer su función constitucional de fiscalizar y representar, los legisladores han facilitado una carrera desenfrenada de préstamos que compromete la soberanía económica de las próximas generaciones. Cuando el primer poder del Estado abdica de su responsabilidad, el ciudadano queda en la absoluta indefensión.
De cara al 2028, la reflexión nacional es impostergable. La historia nos enseña que el poder absoluto corrompe absolutamente. Es imperativo que la sociedad dominicana promueva una división real de fuerzas y considere las candidaturas independientes como un mecanismo para detener esta hemorragia de deshonra.
Los estrategas de quienes nos gobiernan diseñan percepciones para confundir y entretener al pueblo. Es lamentable observar cómo los dominicanos muerden el anzuelo de la manipulación mediática, permitiendo que se oculte la gravedad de la situación actual. Mediante estos gestos de distracción, se intenta nublar la vista ciudadana para que no se logre visualizar hasta qué punto el lastre de la corrupción estatal nos ha carcomido.
La verdadera honestidad en el Estado no es una virtud opcional; es la base de la justicia. Debemos recordar que, según nuestra Carta Magna, el poder reside en el pueblo. Tenemos la autoridad moral y legal para paralizar estos desmanes. La solución no vendrá de la buena voluntad de una élite indolente, sino de la vigilancia activa de un pueblo que decida, de una vez por todas, ser el arquitecto de su propia decencia.
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