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Por José Armando Toribio
Santiago de los Caballeros- Uno de los mayores errores históricos del país, después del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, el 30 de mayo de 1961, fue permitir que Joaquín Balaguer continuara en el poder sin una ruptura definitiva con las estructuras de la dictadura.
Balaguer fue colaborador político del trujillismo y ocupaba la Presidencia cuando murió el dictador. Aunque posteriormente permitió ciertas libertades civiles, su trayectoria estuvo marcada por profundas contradicciones políticas.
Después de 31 años de dictadura, el país esperaba cambios profundos, pero durante los gobiernos de Balaguer persistieron mecanismos de inteligencia y seguridad utilizados para vigilar y perseguir a sectores opositores.
Durante esos gobiernos también operó la Banda Colorá, vinculada a la violencia política, mientras organismos de seguridad fueron utilizados para intimidar y perseguir a ciudadanos contrarios al Gobierno.
La represión alcanzó a dirigentes políticos, estudiantes, profesionales y periodistas, entre las víctimas de aquellos años figuran Orlando Martínez, Amín Abel Hasbún y Maximiliano Gómez, además de la desaparición del profesor Narciso González, conocido como Narcisazo.
La libertad de prensa tampoco escapó a las amenazas y persecuciones, numerosos periodistas fueron intimidados por denunciar abusos del poder, en un ambiente que recordaba los controles impuestos a los medios durante la dictadura trujillista.
La sociedad dominicana necesitaba conocer la verdad sobre los asesinatos, desapariciones y torturas cometidos durante la dictadura, así como establecer responsabilidades. Sin embargo, muchos colaboradores del régimen abandonaron el país sin responder plenamente ante la justicia.
La historia debe examinar tanto la herencia de Trujillo como la actuación de Balaguer, porque la muerte del dictador no significó la desaparición de las estructuras autoritarias ni garantizó una democracia plena.
Las hermanas Mirabal fueron asesinadas por órdenes de Trujillo y ejecutadas por agentes del SIM, bajo la dirección de Johnny Abbes García. Balaguer era presidente y formaba parte del régimen, por lo que también debe cuestionarse su responsabilidad política, qué sabía del crimen y por qué no actuó para impedirlo o garantizar justicia.
Ningún país puede construir una democracia sólida mientras sus crímenes históricos permanezcan impunes. La República Dominicana necesitaba justicia, verdad y el desmantelamiento de las estructuras represivas, una deuda histórica que todavía merece reflexión.
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