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Por Luís Columna Solano
Este partido es, al momento el partido oficial en República Dominicana desde el 16 de agosto de 2020, fecha en que asumió el poder el actual presidente constitucional, Licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, acompañado de la vicepresidenta de la República, Doña Raquel Peña, reconocida figura del ámbito académico.
Tras cuatro años turbulentos y marcados por graves deficiencias en la calidad de los servicios públicos, el Gobierno, su Presidente y el Partido fueron reelegidos en primera vuelta electoral con más del 51% de los votos emitidos. Aunque el proceso fue cuestionado por diversos sectores nacionales e internacionales, la Junta Central Electoral y los organismos competentes validaron los resultados, otorgándoles plena legitimidad jurídica. En consecuencia, el PRM lleva actualmente cinco años de dos períodos de cuatro, restándole aún tres años de ejercicio gubernamental. Tal como dice un refrán popular: “Aquí es donde la puerca retuerce el rabo”.
La República Dominicana atraviesa en la actualidad momentos muy difíciles, consecuencia de un problema estructural: un partido político que, representando a un sector poblacional específico, ha mostrado limitaciones para gestionar con eficacia los asuntos de Estado. La administración pública, como expresamos en párrafos anteriores, ha sufrido un descalabro institucional sin precedentes en la historia democrática. La ineficiencia del Gobierno y la falta de visión del Presidente en materia de previsión, política exterior y gestión estratégica, sumadas al uso abusivo de la publicidad gubernamental y el control mediático, así como a acuerdos poco transparentes que han servido para encubrir casos emblemáticos de corrupción administrativa de funcionarios actuales y pasados —a través de una Procuraduría General de la República (PGR) autodenominada independiente—, reflejan un rumbo incierto para el país y enormes desafíos en el horizonte.
Hoy la República Dominicana es gobernada por un Poder Ejecutivo que no respeta en su totalidad la independencia de los demás poderes del Estado. A través de sus prerrogativas constitucionales, ha firmado acuerdos de cooperación internacional en materia judicial, como la entrega de dos aviones propiedad del Estado venezolano al gobierno de los Estados Unidos, pese a la ruptura de relaciones bilaterales entre este último y el gobierno de Nicolás Maduro. Sin entrar en los motivos geopolíticos de dicha ruptura, es evidente que este tipo de acuerdos son ejecutados directamente por el Presidente de la República en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y el Ministerio Público.
En paralelo, se agravan la crisis del sistema energético nacional, el deterioro del sistema de salud y los señalamientos de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), junto con la inestabilidad de la balanza comercial y la política cambiaria. Todo ello se traduce en retroceso económico, desesperación social y un deterioro de la calidad de vida tanto de ciudadanos como de extranjeros residentes en el país.
A estas dificultades se suma la delicada situación del incremento de la inmigración irregular, que ha saturado hospitales y centros educativos. El llamado “gobierno del cambio”, como se autodefine, ha respondido con ineficacia ante estas demandas sociales.
El Presidente Abinader recibió un país con superávit de aulas y escuelas, así como hospitales equipados. A pesar de haber contratado préstamos por una astronómica suma de 75 mil millones de dólares en la banca internacional, las medidas implementadas han tenido un carácter más populista que estratégico. Peor aún, algunas de ellas han generado cuestionamientos sobre posibles violaciones al derecho internacional humanitario, como la limitación de servicios sanitarios a mujeres parturientas haitianas y las deportaciones masivas sin observar plenamente la dignidad humana y los compromisos internacionales.
Por esa razón, propusimos desde un inicio que este tema debía ser analizado en conjunto por el liderazgo político nacional, es decir, el Presidente de la República y los tres expresidentes. Tras un primer contacto, se derivó el asunto al Consejo Económico y Social para una discusión más amplia y participativa.
Llegados a este punto, entendemos que la suerte que hasta ahora ha acompañado al PRM está cambiando. El pueblo observa con atención y comienza a valorar otras alternativas para conducir los destinos nacionales. Durante estos cinco años ha quedado claro que, aunque el presidente Luis Abinader pudiera tener la intención de gobernar bien, su estilo de gestión no aplica de manera adecuada y ha derivado en crisis continuas. Ningún ministerio cuenta hoy con una valoración sobresaliente por parte de la ciudadanía.
El Presidente ha puesto el Gobierno al servicio de unos pocos, a cambio de un silencio complaciente. Ha utilizado recursos públicos con fines partidistas, beneficiando directamente a dirigentes del PRM mediante un cuestionado plan de pensiones y jubilaciones que, sin reparos, compromete fondos del Estado.
En definitiva, pedimos a Dios que, de aquí al 2028, el PRM no lleve al país a un punto de no retorno y no agote por completo su capacidad de endeudamiento externo.
Autor:
Politólogo Luis Columna Solano
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