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Por Henry José Pacheco
Esto es un hecho imperativo, ya que Maduro no ha sido condenado por ningún delito.
Se ha declarado inocente de todos los cargos presentados en su contra, y las acusaciones formuladas por Estados Unidos siguen siendo precisamente eso: acusaciones. Bajo la presunción de inocencia —reconocida en la Constitución de Estados Unidos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político
la carga de la prueba recae enteramente sobre la fiscalía.
No es Maduro quien debe probar su inocencia, sino el gobierno de Estados Unidos quien debe probar su culpabilidad.
El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses entraron ilegalmente en Venezuela, atacaron objetivos en Caracas y sus alrededores, capturaron al presidente Maduro, a su esposa y funcionaria electa Cilia Flores, y los trasladaron a Estados Unidos.
Dos días después, esposado y herido,
Maduro compareció ante un tribunal federal en Manhattan. «Soy inocente. No soy culpable», declaró ante el tribunal.
Ambos acusados se declararon inocentes y se encuentran encarcelados en Brooklyn a la espera de un juicio programado provisionalmente para junio de 2027.
Estados Unidos alega que Maduro participó en conspiraciones para importar cocaína, poseer ametralladoras y artefactos explosivos, y colaborar con organizaciones que Washington ha designado como grupos terroristas.
Estos cargos surgieron de una acusación formal anunciada durante el primer mandato de Donald Trump en marzo de 2020.
El caso se amplió sustancialmente tras el secuestro de Maduro mediante una cuarta acusación formal .
Sin embargo, una acusación formal no es una prueba que se examine ante un tribunal.
Es un documento preparado por los fiscales y aprobado por un gran jurado, en el que la defensa normalmente no está representada ni se le permite impugnar la versión del gobierno.
La fiscalía se basa en gran medida en la idea de que Maduro dirigía el llamado Cártel de los Soles .
Sin embargo, incluso organizaciones profundamente hostiles al gobierno venezolano reconocen que no se trata de un cártel en el sentido convencional.
Este nombre se ha utilizado durante mucho tiempo como término genérico para referirse a diversos funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en actividades delictivas, mucho antes de que Maduro entrara en la vida política.
No describe una organización con una membresía demostrada, una estructura de mando, una sede o una cadena de mando comparables al Cártel de Sinaloa de México.
Cuando Washington designó al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera en 2025,
Associated Press señaló que «no era un cártel propiamente dicho».
Esto es importante porque el lenguaje de la fiscalía cumple gran parte de su función política.
Las acusaciones relativas a actos individuales de corrupción se ensamblan para crear la imagen de una organización unificada, que luego se atribuye al Estado venezolano, y la responsabilidad de todo lo supuestamente hecho por cualquier persona dentro de esa red informal recae sobre Maduro.
La acusación aún debe demostrar que Maduro participó a sabiendas en las conspiraciones específicas que se le imputan.
El poder político sobre un Estado en el que se cometen delitos no establece por sí solo la responsabilidad penal personal por esos delitos.
Venezuela no es un importante productor de hoja de coca ni de cocaína.
Los principales países productores de cocaína siguen siendo Colombia, Perú y Bolivia.
Venezuela se ha utilizado como territorio de tránsito, especialmente para la cocaína procedente de la vecina Colombia.
Sin embargo, el tránsito por un país no prueba que su presidente controle el tráfico, ni tampoco corrobora la exagerada imagen política de Venezuela como la principal fuente de las drogas que ingresan a Estados Unidos.
La propia evaluación de amenazas de la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA) para 2025 se centró abrumadoramente en las organizaciones mexicanas y sus cadenas de suministro.
El comercio mundial de cocaína opera principalmente a través de la producción en la región andina, los corredores marítimos de exportación, Centroamérica y México, no a través de una sola organización supuestamente dirigida desde el palacio presidencial venezolano.
La investigación de la Corte Penal Internacional sobre la situación en Venezuela, por ejemplo, es una investigación sobre presuntos delitos dentro de su jurisdicción.
No es una condena de Maduro ni ha producido un veredicto individual de culpabilidad en su contra.
Se espera que el gobierno estadounidense cuente con testigos colaboradores, entre ellos el exjefe de inteligencia venezolano Hugo Carvajal y el exgeneral Clíver Alcalá . Ambos se declararon culpables de delitos graves en Estados Unidos.
Sus testimonios no pueden considerarse como una verdad imparcial.
Los acusados que colaboran podrían esperar obtener beneficios en sus sentencias al ayudar a la fiscalía.
Por lo tanto, sus declaraciones deben ser corroboradas y sometidas a contrainterrogatorio.
Hasta que esto ocurra, sus testimonios no demuestran la culpabilidad de Maduro.
De hecho, es más apropiado considerar sus declaraciones como una prueba de su propio intento de atenuar sus condenas y limpiar su reputación manchada.
Las circunstancias en las que Maduro fue llevado ante el tribunal estadounidense plantean un problema aún más grave.
Washington no solicitó la extradición mediante un proceso legal acordado.
Empleó la fuerza militar dentro de otro país soberano sin el consentimiento de Venezuela ni la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado, con excepciones limitadas como la legítima defensa.
La detención de una persona acusada de delitos de narcotráfico no se encuentra entre esas excepciones.
Especialistas en derecho internacional calificaron la operación como un uso ilícito de la fuerza, mientras que gobiernos como Brasil , México y China condenaron la violación de la soberanía venezolana.
Los abogados de Maduro han argumentado que la acusación viola la inmunidad de la que goza un jefe de Estado en ejercicio.
Venezuela siguió reconociendo a Maduro como su presidente constitucional cuando Estados Unidos lo detuvo, un hecho tácitamente reconocido por Estados Unidos al denominar a Delcy Rodríguez presidenta interina.
Washington no puede necesariamente extinguir el estatus jurídico internacional del jefe de Estado de otro país simplemente negándole el reconocimiento diplomático.
En consecuencia, la defensa ha solicitado el sobreseimiento de la acusación por motivos de inmunidad y ha impugnado por separado el cargo de narcoterrorismo por carecer de una conexión jurisdiccional adecuada con Estados Unidos.
La audiencia oral sobre estas cuestiones está programada para noviembre de 2026.
El caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández pone de manifiesto la selectividad de la supuesta guerra de Washington contra los narcoestados.
Hernández fue un estrecho aliado de Estados Unidos durante su presidencia, de 2014 a 2022.
Tras dejar el cargo, fue extraditado —no secuestrado mediante una invasión militar— y juzgado en el mismo distrito federal de Nueva York donde ahora se procesa a Maduro.
En marzo de 2024, un jurado condenó a Hernández tras un juicio de tres semanas. La fiscalía presentó pruebas de que había recibido millones de dólares de narcotraficantes, protegido cargamentos de cocaína con la policía y el ejército hondureños, y ayudado a transportar más de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
Fue sentenciado a 45 años de prisión. A diferencia de las acusaciones contra Maduro, estas alegaciones fueron contrastadas mediante testimonios, interrogatorios y un veredicto del jurado.
Sin embargo, el 1 de diciembre de 2025, el presidente Donald Trump indultó a Hernández y consiguió su liberación, alegando que el expresidente había sido tratado injustamente.
El contraste no podría ser más revelador.
Trump indultó a un expresidente cuya participación en el narcotráfico de cocaína había sido demostrada en un tribunal estadounidense, mientras amenazaba y finalmente invadía Venezuela para capturar a un presidente contra quien no se había dictado sentencia.
Hernández pertenecía al bando político de Washington; Maduro no. Uno fue liberado a pesar de su condena, mientras que el otro fue capturado a pesar de su inocencia legal.
Esta disparidad no refuta por sí sola las acusaciones contra Maduro, pero desmantela la afirmación de que Washington actuó movido por una preocupación constante por el narcotráfico.
La distinción determinante fue la afiliación política, no la solidez de las pruebas.
Las implicaciones de este caso van mucho más allá de las circunstancias específicas de Maduro y Cilia Flores o sus consecuencias para Venezuela.
Permitir que un Estado extranjero anule la jurisdicción del sistema legal de otro país, persiga una acusación sin pruebas y lleve a cabo un juicio sin fundamento en el derecho internacional, en la práctica, otorga al sistema judicial estadounidense una jurisdicción global e ilimitada.
La ambivalencia de los gobiernos de todo el mundo ante este caso resulta, por lo tanto, alarmante, ya que corre el riesgo de interpretarse como un consentimiento y normalizar semejante extralimitación.
Esto es particularmente relevante para México, que ya enfrenta una serie de acusaciones y solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos con claras implicaciones políticas.
El resultado del juicio de Maduro podría sentar un precedente importante sobre cómo se trata a México —y a otros países— en circunstancias similares.
La inocencia de Nicolás Maduro es, por lo tanto, la única conclusión defendible en este momento.
Fue detenido mediante un acto de fuerza militar, llevado ante los tribunales del Estado que durante años persiguió su derrocamiento y acusado con base en una teoría políticamente construida que aún no ha superado el escrutinio contradictorio.
Permanece inocente a menos que pruebas admisibles demuestren lo contrario más allá de toda duda razonable.
La soberanía no es un adorno, una acusación no es un veredicto, y una acusación emitida por un Estado poderoso no se convierte en verdad simplemente porque ese Estado posea las armas para detener al acusado.
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