SANTO DOMINGO. La empresa Dekolor, S.R.L. salió al frente a la querella interpuesta por el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, de supuesto soborno, la cual calificó de infundada.
El representante legal de la empresa, Marino Feliz Rodríguez, dijo trayectoria e historial de Dekolor en el servicio de licencias de conducir en la República Dominicana están más que probados.
Afirmó que la instancia presentada es en represalia de que utilizaron los mecanismos legales correspondientes para señalar las inconsistencias en el pliego de condiciones de la nueva licitación, proceso que consideran diseñado para impedir su participación en condiciones de igualdad.
En ese sentido, solicitó pruebas de lo denunciado por Morrison y aclararon que hasta el momento ninguna autoridad judicial les ha notificado sobre el proceso anunciado en los medios de comunicación por el funcionario del área del transporte.
«Dekolor rechaza enfáticamente cualquier insinuación de haber recurrido a estrategias de soborno, chantaje, estafa, amenazas o lavado de activos», precisó el jurista.
Reafirmó que todas sus gestiones de la empresa se han conducido conducido con respeto y dentro del marco legal establecido.
De igual forma, el togado dio a conocer que desde 2022, el INTRANT ha acumulado una deuda con Dekolor que asciende a más de RD$670 millones, sin que esto haya afectado la calidad del servicio prestado.
Manifestó que el compromiso financiero ha sido el tema principal de las reuniones mantenidas con la actual administración del órgano rector del tránsito terrestre en la República Dominicana.
Precisó que hay claras incongruencias en las acusaciones del director del INTRANT, particularmente en relación con supuestas irregularidades en plataformas de pagos.
«Nuestra interrogante es: ¿por qué, si existían sospechas sobre su participación en estas plataformas, el INTRANT solicitó mediante oficios DAF-INT-026-2025 y DAF-INT-033-2025 que la empresa operara el sistema de cobros «TPOS» en todos los puntos de atención, incluso con un contrato ya vencido?», enfatizó Feliz Rodríguez.
Recordó que, en diciembre de 2024, Dekolor respondió positivamente a la solicitud del INTRANT de abrir una oficina de expedición de licencias en el Punto GOB de San Cristóbal, a pesar de que el contrato ya había excedido el número de oficinas requeridas y solo restaban 27 días de vigencia.
El abogado dijo que el módulo inició sus operaciones el 26 de diciembre, representando una inversión significativa para la empresa.
En ese sentido, aclaró que, contrario a las insinuaciones de Morrison, la empresa siempre ha mantenido total transparencia respecto al sistema integral de licencias de conducir.
De igual forma, acotó que luego del lanzamiento de la campaña «Sé Consciente RD», en el mes de enero, Dekolor invitó formalmente al INTRANT a conocer el sistema, evidenciando que muchas de las funcionalidades promocionadas ya estaban disponibles en la plataforma existente.
Destacó que durante los últimos veinte años ha mantenido un servicio de excelencia, atendiendo un promedio de 2,300 ciudadanos diarios a través de sus 28 oficinas a nivel nacional y 5 en el extranjero, y que el propio Morrison ha reconocido en múltiples reuniones que «el servicio de la empresa es excelente».
Al hablar en nombre de los ejecutivos de la empresa dejo claro que todas las adendas contractuales han sido debidamente aprobadas por la Contraloría General de la República, en estricto apego a la legislación vigente y en consonancia con la aplicación de la Ley 63/17 y sus reglamentos.
Reiteró que todas sus gestiones se han enmarcado dentro de la legalidad, particularmente en relación con la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones y sus modificaciones.
Sostuvo que su preocupación por la extensión contractual se basaba en el artículo 49 de dicha ley, buscando mantener el equilibrio contractual mientras se realizaba una nueva licitación.
Reafirmó el compromiso inquebrantable de Dekolor con la excelencia en el servicio y la transparencia en todas sus operaciones, esperando que los procesos licitatorios se desarrollen con justicia y equidad para todos los participantes.
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