Reclaman aplicación inmediata y coherente de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial
Santo Domingo, RD. — Representantes del sector empresarial, inmobiliario y turístico han expresado profunda preocupación ante la falta de aplicación efectiva de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, situación que está generando una creciente parálisis en proyectos claves para el desarrollo económico nacional.
Empresarios consultados advierten que la inseguridad jurídica provocada por contradicciones en la interpretación de dicha legislación mantiene en el limbo más de 70 proyectos turísticos y urbanísticos en destinos estratégicos como Punta Cana, Miches, Samaná y el sur del país, afectando tanto inversiones nacionales como extranjeras.
“Estamos al borde de un quiebre institucional. No se puede hablar de atraer inversiones mientras el propio Estado genera trabas legales que violan el principio de seguridad jurídica”, expresó un importante desarrollador turístico bajo condición de anonimato.
El malestar se concentra en la aplicación del artículo 24 de la Ley 368-22, que otorga facultades a los distritos municipales con más de 15,000 habitantes para planificar y gestionar su uso de suelo. Sin embargo, decisiones contradictorias del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y otros entes del gobierno central han desconocido esta disposición, paralizando los permisos que deben ser tramitados en las juntas municipales correspondientes.
“Estamos enfrentando una situación sin precedentes donde se pisotean las competencias legales de los gobiernos locales, generando un caos operativo que perjudica directamente la economía”, señaló un representante de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Este.
El empresariado advierte que la incertidumbre actual podría desencadenar pérdidas millonarias, despidos masivos y una desaceleración del crecimiento económico en zonas que dependen casi exclusivamente del turismo y el desarrollo urbano.
Ante este panorama, exhortan al presidente Luis Abinader a intervenir directamente para garantizar el respeto a la ley y restablecer la coherencia institucional que permita retomar el ritmo de inversiones.
“La seguridad jurídica es la columna vertebral del desarrollo económico. Si no se garantiza el cumplimiento de las leyes vigentes, ningún inversionista serio se arriesgará a poner un solo centavo en la República Dominicana”, concluyó el empresario.
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