El panel abordó la innovación tecnológica en los tribunales, la protección de los derechos fundamentales frente al avance de la IA y los desafíos de la digitalización y la firma electrónica en la gestión pública
Santo Domingo, República Dominicana. – El Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL) celebró el panel “Inteligencia Artificial, Justicia y Administración Pública en la Era Digital”, un espacio académico dedicado al análisis de las transformaciones que las nuevas tecnologías están generando en el sistema de justicia, la protección de los derechos fundamentales y el funcionamiento de la administración pública. El evento contó con la presencia de la rectora de esta alta casa de estudios, Josefina Pimentel, así como de académicos, estudiantes y público interesado.
La actividad, realizada el jueves 9 de julio en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), reunió a profesionales, estudiantes y especialistas interesados en los desafíos jurídicos e institucionales derivados de la acelerada incorporación de la inteligencia artificial y las herramientas digitales en los servicios públicos.
El panel contó con la participación de Emely C. Veras, quien abordó la innovación tecnológica aplicada a la Cámara Civil y Comercial; Nathalie M. Fernández, con una exposición centrada en la inteligencia artificial y la tutela de los derechos fundamentales; y Paola Báez, quien analizó los avances y desafíos relacionados con la digitalización y la firma electrónica en la administración pública. La moderación estuvo a cargo de Aida Montero, directora de la Biblioteca Juan Bosch (BJB), quien condujo el diálogo entre las panelistas y el público asistente.
Durante su intervención, Emely C. Veras destacó la importancia de aprovechar las herramientas tecnológicas para modernizar los procesos judiciales, agilizar la gestión de los expedientes y mejorar la eficiencia de los servicios ofrecidos a la ciudadanía. En ese sentido, planteó que la innovación debe contribuir a construir una justicia más accesible, eficiente y capaz de responder a las nuevas demandas de la sociedad.
Por su parte, Nathalie M. Fernández centró su exposición en los desafíos que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial para la protección efectiva de los derechos fundamentales. Advirtió sobre la necesidad de garantizar que la utilización de sistemas automatizados se produzca bajo criterios de transparencia, responsabilidad y respeto a la dignidad humana, preservando las garantías jurídicas frente al avance de las nuevas tecnologías.
A su vez, Paola Báez abordó el proceso de transformación digital de la administración pública y la importancia de la firma electrónica como instrumento para agilizar procedimientos, fortalecer la seguridad jurídica y mejorar la prestación de los servicios estatales. Asimismo, resaltó la necesidad de continuar desarrollando capacidades institucionales y marcos regulatorios adecuados que permitan avanzar hacia una gestión pública más eficiente y cercana al ciudadano.
Las expositoras coincidieron en que la transformación tecnológica representa una oportunidad para fortalecer las instituciones y mejorar la calidad de los servicios públicos, pero también exige respuestas jurídicas, regulatorias y éticas capaces de garantizar la protección de los derechos ciudadanos, la transparencia de los sistemas digitales y la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial.
El encuentro permitió reflexionar, además, sobre la necesidad de fortalecer la formación de los profesionales del derecho y de los servidores públicos frente a un escenario caracterizado por la automatización de procesos, la utilización creciente de datos y algoritmos, así como por la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas en la toma de decisiones institucionales.
Con este encuentro académico, IGLOBAL reafirma su compromiso con la generación de espacios de análisis y debate sobre los grandes desafíos de la transformación digital, promoviendo una visión en la que la innovación tecnológica contribuya al fortalecimiento de la justicia y la administración pública, sin perder de vista un principio esencial: el desarrollo de la inteligencia artificial debe estar siempre acompañado de instituciones sólidas, garantías jurídicas y una efectiva protección de los derechos fundamentales.
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