SANTO DOMINGO.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) cuestionó este martes el incremento de las muertes durante intervenciones policiales y advirtió que la política de “mano dura” impulsada por el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) evidencia el fracaso de los planes de seguridad ciudadana ejecutados durante los últimos seis años.
La denuncia fue presentada por Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, durante una rueda de prensa en la que informó que, según los levantamientos de esa organización política, entre 2020 y octubre de 2026 se han registrado 1,152 muertes en hechos reportados como intercambios de disparos o acciones legales.
“Durante seis años, el Gobierno del PRM ha repetido que la delincuencia ha disminuido. Lo ha dicho en informes, en ruedas de prensa y en campañas publicitarias. Sin embargo, hoy opta por la mano dura contra la delincuencia. Si todo estaba mejorando, ¿por qué ahora mano dura?”, cuestionó Reynoso, al señalar que el miedo y la inseguridad continúan afectando la vida cotidiana de los dominicanos.
La dirigente explicó que los registros de la organización contabilizan 76 muertes durante intervenciones policiales en 2021; 139 en 2022; 226 en 2024 y 214 en 2025, mientras que en lo que va de 2026 la cifra asciende aproximadamente a 236 fallecimientos. Vinculó este incremento con la política de mano dura, popularizada mediante el denominado código 1.29, que calificó como una “cortina de humo” frente al fracaso de los planes gubernamentales de seguridad.
Reynoso recordó que la Constitución dominicana protege el derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte, por lo que advirtió que “ninguna institución del Estado tiene autoridad para condenar a muerte a un ciudadano”. No obstante, dejó claramente establecida la posición de la organización respecto al derecho de los agentes policiales a defenderse: “La Fuerza del Pueblo reconoce el derecho de nuestros policías a proteger sus vidas y las de los ciudadanos frente a amenazas reales”.
“Lo que rechazamos es que la fuerza letal se utilice al margen de los principios de legalidad, proporcionalidad y el debido proceso”, precisó la titular de Seguridad Ciudadana, quien reclamó investigaciones sobre las muertes ocurridas durante intervenciones policiales y sostuvo que los agentes necesitan capacitación, equipamiento, protocolos claros y respaldo institucional para cumplir sus funciones dentro del marco de la ley.
En otro aspecto, cuestionó las estadísticas oficiales de homicidios, al señalar que mientras el Gobierno presenta una tasa de 7.36 por cada 100 mil habitantes, los cálculos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arrojan una estimación anualizada de 11.8. Denunció que las autoridades han excluido de sus indicadores muertes durante intercambios de disparos, víctimas extranjeras y homicidios clasificados como indeterminados, lo que, a su juicio, impide conocer la verdadera dimensión de la violencia.
Asimismo, denunció que la propia Policía Nacional reconoció la existencia de 53,877 órdenes de arresto pendientes, entre ellas 17,635 por violencia intrafamiliar, 11,587 por robos, 4,018 por agresiones sexuales y 2,681 por homicidios. Reynoso cuestionó que esta situación persista después de más de 110 reuniones de seguimiento a la seguridad ciudadana y advirtió sobre la vulnerabilidad de las víctimas, especialmente las mujeres, al señalar que los levantamientos de la FP registran más de 416 feminicidios entre 2020 y 2026.
Reynoso señaló que los feminicidios íntimos, cometidos por parejas o exparejas, pasaron de 50 el año pasado a más de 70 en lo que va de 2026, de acuerdo con datos de la Fundación Vida sin Violencia, y que se registran más de 103 huérfanos. “¿Cuántas de esas muertes pudieron haberse evitado mediante una intervención oportuna?”, cuestionó.
En nombre de la Fuerza del Pueblo también exigió una rendición de cuentas sobre los recursos invertidos en más de siete planes de seguridad ciudadana anunciados durante los últimos seis años, período en el que, según Reynoso, han pasado cinco directores por la Policía Nacional, dos ministros de Interior y Policía y tres asesores y comisionados internacionales, sin que el Gobierno haya cumplido su promesa de reducir en un 50 % la tasa de homicidios.
FUENTE: El Periódico
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