SANTO DOMINGO.– La Secretaría de Medio Ambiente del partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció graves inconsistencias técnicas, jurídicas y económicas en el proyecto de extracción de sedimentos de la cola de la presa de Hatillo, en el río Yuna, y exigió la suspensión de las operaciones hasta que se esclarezcan las diferencias entre los volúmenes autorizados, los contratos suscritos y el aprovechamiento comercial del material.
El titular de esa secretaría, Paino Abreu Collado, explicó que el permiso VSA09-26-00039, otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), contempla la extracción de 100,000 metros cúbicos de sedimentos durante seis meses. Sin embargo, señaló que tres contratos firmados entre diciembre de 2025 y enero de 2026 establecen volúmenes que totalizan 1,330,694 metros cúbicos, una cantidad más de 13 veces superior a la autorizada.
Abreu advirtió que las diferencias identificadas adquieren mayor relevancia por el valor comercial de los materiales extraídos. Según las estimaciones presentadas por la organización política, el aprovechamiento de grava y arena podría generar un valor económico considerable, con resultados cercanos a los RD$1,000 millones después de descontar costos estimados de extracción, transporte, procesamiento y comercialización.
Ante esta situación, cuestionó que no se haya establecido un mecanismo más claro, competitivo y transparente que permita al Estado recuperar una mayor proporción de esos recursos.
El dirigente explicó que la Fuerza del Pueblo reconoce la necesidad de recuperar la capacidad de almacenamiento de los embalses mediante la remoción de sedimentos, pero sostuvo que esa intervención debe realizarse con criterios técnicos, ambientales y económicos transparentes.
Asimismo, cuestionó que no se haya identificado un mecanismo explícito para destinar parte de los beneficios obtenidos a la protección y restauración de las cuencas hidrográficas, cuyo deterioro contribuye a la acumulación de sedimentos.
En ese sentido, solicitó una revisión técnica y jurídica urgente del permiso y de las condiciones de ejecución del proyecto, con la participación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).
También exigió que EGEHID detenga cualquier actividad de extracción, acarreo y entrega de materiales hasta que una comisión técnica evalúe el proyecto y publique sus conclusiones, y que Medio Ambiente explique por qué no fue clasificado como categoría A, conforme a la Resolución 0025-2024.
Abreu informó que la organización solicita a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales investigar posibles infracciones a la Ley 64-00, a la Dirección General de Contrataciones Públicas revisar el procedimiento EGEHID-CCC-LPN-2025-0015 y a la Cámara de Cuentas auditar la ejecución de los contratos y los aportes económicos generados.
De igual manera, la Fuerza del Pueblo reclamó una veeduría ciudadana independiente, con participación de las comunidades del Yuna, representantes de la Iglesia y del sector académico.
Además, respaldó la solicitud de información pública formulada por autoridades eclesiásticas de Monseñor Nouel y La Vega, que requieren acceso a los contratos, estudios ambientales, documentos técnicos y evidencias de consultas comunitarias relacionadas con el proyecto.
Acerca del autor
