Por Rafael Díaz Filpo
Juez Emérito, primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana
El reconocimiento de los derechos fundamentales en el texto constitucional representa uno de los avances más significativos del Estado moderno, aunque su verdadera dimensión no se encuentra en la proclamación sino en la posibilidad real de hacerlos efectivos, y es precisamente en esa distancia entre lo que se consagra y lo que se vive donde se manifiestan las debilidades del sistema y donde el Estado constitucional es puesto a prueba.
La Constitución dominicana ha construido un catálogo amplio de derechos y ha dispuesto mecanismos para su protección, configurando un modelo normativo que en apariencia resulta sólido, aunque la experiencia cotidiana revela que la eficacia de esos derechos no alcanza el nivel que el propio texto presupone, lo que permite afirmar que la dificultad no radica en la ausencia de normas sino en la operatividad de las garantías y en la capacidad institucional para sostenerlas en la práctica.
La tutela judicial efectiva, concebida como eje del sistema de protección, enfrenta obstáculos que limitan su alcance real, puesto que los tiempos procesales, la desigualdad en el acceso a la justicia y las dificultades en la ejecución de las decisiones terminan desdibujando su contenido, generando en el ciudadano no una duda sobre la existencia del derecho, sino una preocupación legítima sobre la posibilidad de hacerlo valer en condiciones razonables.
El debido proceso, llamado a ordenar la actuación de los poderes públicos, se ve igualmente sometido a tensiones que inciden en la calidad de las decisiones, persistiendo prácticas administrativas y jurisdiccionales donde la motivación resulta insuficiente, la razonabilidad se debilita y las formas pierden su carácter de garantía para convertirse en simples exigencias formales, lo que revela una cultura institucional que aún no asume plenamente la centralidad de los derechos fundamentales.
La situación adquiere mayor complejidad cuando se examinan los derechos sociales, ya que educación, salud y seguridad social forman parte del núcleo del Estado social, aunque su materialización continúa dependiendo de condiciones que en muchos casos limitan su alcance, lo que genera una brecha entre el reconocimiento constitucional y la realidad, debilitando su carácter exigible y reduciendo su impacto en la vida de las personas.
La seguridad jurídica, como principio que atraviesa todo el sistema, también presenta fisuras que inciden directamente en la protección de los derechos, debido a la falta de coherencia en determinadas actuaciones, la variabilidad en los criterios y la débil consolidación del precedente, generando un escenario de incertidumbre que afecta la confianza en el ordenamiento y en la actuación de los órganos del Estado.
En ese escenario, la cuestión de las garantías deja de ser un tema técnico para convertirse en un problema institucional, donde el desafío no consiste en ampliar catálogos ni en producir nuevas declaraciones, sino en lograr que las garantías existentes funcionen con eficacia, que los mecanismos previstos cumplan su finalidad y que la protección de los derechos no dependa de circunstancias excepcionales o de interpretaciones aisladas.
Los poderes públicos no pueden permanecer ajenos a esta realidad, de manera que el Poder Legislativo debe producir normas coherentes con la Constitución, el Poder Ejecutivo está llamado a traducir los derechos en políticas públicas efectivas y el Poder Judicial debe consolidar una tutela que asegure la efectividad material del derecho, lo que implica una actuación articulada que fortalezca el sistema y corrija sus debilidades.
La discusión sobre los derechos fundamentales requiere ser trasladada del plano teórico al ámbito de la acción institucional, lo que implica decisiones firmes por parte de los poderes públicos, orientadas a corregir distorsiones, fortalecer mecanismos y asegurar que el contenido de la Constitución se traduzca en una realidad tangible y verificable.
En esa tarea se define la solidez del Estado constitucional dominicano, donde no basta con afirmar la existencia de derechos, sino que resulta imprescindible garantizar que puedan ejercerse, protegerse y restituirse con la eficacia que la propia Constitución exige.
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