Escala el conflicto social
El próximo miércoles, a primera hora, miles de empleados despedidos del Estado intentarán ingresar a sus puestos de trabajo en forma coordinada. Es la medida que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) dispuso para hacer frente a un número todavía indeterminado de trabajadores cuyos contratos no fueron renovados a partir del 1 de abril.
El presidente Javier Milei se ufanó ante los empresarios reunidos en la conferencia de la AmCham del despido de 70 mil trabajadores. El vocero Manuel Adorni tuvo que corregirlo horas después aclarando que, esos 70 mil, son el universo de trabajadores que revisten en el Estado bajo la modalidad de contratación establecida por el artículo 9 de la Ley Marco y cuyos contratos en diciembre fueron renovados solo hasta el 31 de marzo. De ese total, dijo Adorni, se pretende cesar entre el 20 y el 30%, es decir, entre 15 mil y 21 mil.
Según un relevamiento de ATE, hasta el momento, sumaban siete mil los trabajadores que habían sido notificados formalmente de su despido de alguna manera (a través de un correo electrónico o con telegramas). Sumadas las notificaciones informales, la cifra se elevaba a diez mil.
Entre ellos, por caso, se encuentra Lucas Berengua, técnico del Servicio Meteorológico Nacional que reviste bajo esa modalidad contractual desde hace 21 años y fue saludado por sus compañeros con cánticos y abrazos. O los 1300 despedidos de la Anses que se desempeñan en las Unidades de Atención Integral (UDAI) de todo el país, muchas de las cuales deberán cerrar sus puertas como resultado del despido de todo su personal incluidos trabajadores de planta permanente.
Un caso emblemático es el de la UDAI de Sauzalito, en el corazón del impenetrable chaqueño, que deja fuera del alcance de la seguridad social a miles de beneficiarios en situación de vulnerabilidad, obligándolos a recorrer hasta 200 km para acceder a la asistencia del Estado. Lo mismo puede decirse de los 1000 trabajadores despedidos del Instituto de Agricultura familiar, cuyas tareas de sostén y asesoría de la economía popular quedarán interrumpidas.
Detrás de los despidos en el Estado se alistan vulneraciones de derechos a los ciudadanos y servicios a la ciudadanía y el sector privado. Una mayor exposición de la población y el aparato productivo a las crecientes inclemencias climáticas, la precarización en la atención a las personas con discapacidades o en las problemáticas de familia adolescencia y niñez, el deterioro de las estadísticas públicas como insumo clave para la toma de decisiones en materia de políticas públicas o, por caso, el virtual desmantelamiento del Cenard a meses del comienzo de los juegos olímpicos, son sólo algunos ejemplos.
Incertidumbre y horizonte negro
El número de despedidos, de todas maneras, todavía resulta indeterminado. Muchos de ellos se enterarán el mismo miércoles cuando intenten ingresar a sus puestos de trabajo y se vean impedidos de hacerlo, quizás, mediante un dispositivo de represión policial.
El alivio circunstancial que pudieran sentir el resto de los contratados, aquellos que sí podrán ingresar, durará poco. El presidente Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ya firmaron el decreto 286/24 mediante el cual establecen que los contratos solo podrán ser renovados por un período de tres meses más.
Si, como se espera, el mismo se publique en las próximas horas en Boletín Oficial, en junio podría producirse una nueva oleada de despidos. Además, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya adelantó su intención de poner fin a la estabilidad laboral de la que gozan los empleados de planta permanente. Deberá reunir una mayoría en las dos Cámaras del Congreso para lograrlo.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, explica que «la manera en que el gobierno está instrumentando las cesantías es múltiple y variada. Se disponen de manera clandestina y oscura. No hay un patrón de antigüedad ni de ningún tipo. Tenemos despedidos de más de 20 años de antigüedad. Hay quienes ingresaron con el gobierno de Menem. Vamos definir también una estrategia jurídica».
Aguiar detalla que «como primera medida ratificamos una jornada nacional de lucha porque esto está teniendo mucho impacto en las provincias. Los centros de referencia de desarrollo social son en todo el territorio nacional. En agricultura tenemos 1080 despidos de los cuales solo cien están en Buenos Aires. Lo mismo con el cierre de delegaciones provinciales de Enacom. Hay un marcado retiro de la presencia del Estado nacional en las provincias».
Tragedia individual y social
Para Aguiar, se trata de «una tragedia social porque la tragedia individual del despido, a partir de la masividad, se convierte en una tragedia social. La violación de un derecho como es la estabilidad del empleo público, a la vez, vulnera otros derechos del pueblo como servicios esenciales que se van a dejar de prestar o que se van a encontrar limitados y condicionados».
«Vamos a tener un Estado impedido de prevenir a su pueblo de las catástrofes que pueda sufrir, garantizar el derecho a la seguridad alimentaria, a la salud y la educación. El impacto que va a tener en el Estado va a costar dimensionarlo en su verdadera magnitud. La sociedad lo va a sentir rápidamente».}
Estrategias divergentes
Aguiar observa que la jornada de lucha se produce bajo el formato de ingresos masivos porque «un paro era contradictorio porque estamos convocando a la presencia en los sectores de trabajo. Hacemos responsable al presidente de los hechos de violencia que haya que lamentar. El miércoles haremos un plenario federal de delegados donde se va a definir una profundización de las acciones».
Milei adelantó por la red social X que la medida constituye un delito que «no dejará pasar«.
En sintonía con Aguiar, Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, pidió a los despedidos que concurran a sus puestos el próximo miércoles. «Le pedimos a todos que se presenten a trabajar el 3 de abril, aun los que recibieron el telegrama. Cualquier medida de fuerza requiere de los trabajadores», dijo.
La estrategia del sindicato con representación mayoritaria, UPCN, según lo manifestó su secretario general y adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, por el momento, es la de evitar un paro y negociar en forma parcial. En declaraciones radiales señaló esta semana que «no hay un planteo de paro general en el horizonte. No entiendo por qué me insisten tanto».
El dirigente reconoció que «no tenemos el número exacto de despidos que se vienen. En algunos organismos encontramos posibilidad de diálogo. En otros la situación es totalmente anárquica: cada funcionario determina despedir un porcentaje del personal contratado». Por eso, explicó, «en aquellos lugares donde no podamos congeniar vamos a generar medidas de fuerza».
Dentro de ATE hay un debate sobre la mejor estrategia para enfrentar la oleada de despidos. Uno de los líderes de la oposición, el delegado general de la Junta Interna del Hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich, explica que los despidos masivos deberían ser enfrentados con «paros, movilizaciones y ocupaciones de edificios».
Tras observar que Rodríguez, de UPCN, se manifestó a favor de una reforma laboral, asegura que dentro de ATE «no hubo una preparación de lucha frente a algo que fue largamente anunciado». Lipcovich aboga por una asamblea general de trabajadores del Estado para resolver un plan de lucha progresivo y escalonado».
Aguiar, el secretario general de la ATE Nacional, reconoció que los despidos pueden producirse porque «estamos frente al fraude laboral más grande la historia argentina. Los gobiernos anteriores también son responsables de lo que está sucediendo. No fueron capaces de ponerle fin a la precarización laboral que fueron consolidando un sistema que no se corresponde con la Constitución nacional”.
Los despidos de trabajadores estatales nacionales y el ajuste en las transferencias a las provincias resulta un cóctel perfecto para que se produzca un derrame de cesantías en las administraciones provinciales y municipales. Aguiar alerta: «Llevamos casi mil despedidos en la gestión de Jorge Macri. Cuando desde el orden nacional se habilitan estas políticas, inmediatamente son replicadas por la mayoría de los gobernadores e intendentes». Será el próximo capítulo.
Paro de 48 horas en universidades nacionales
El plenario de secretarios generales de una de las federaciones de docentes universitarios más representativa, la Conadu Histórica (ConaduH), resolvió un paro de 48 horas para los días 10 y 11 de abril.
La medida es en rechazo al incremento de salarios del 12% que ofreció el gobierno nacional para el mes de marzo cuando la inflación, desde el último aumento de sueldo, acumula cerca del 60%.
La medida afectará en menor o mayor medida a las 57 universidades nacionales empezando por la de Buenos Aires, donde la ConaduH tiene una fuerte representatividad a través de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA).
El paro servirá también para visibilizar la situación general que atraviesan las universidades nacionales, cuyo presupuesto el gobierno dejó congelado a los valores de 2023 con una inflación interanual que supera el 250%.
Por eso, las mismas autoridades universitarias denuncian que disponen de recursos para afrontar el pago de los salarios sólo hasta el mes de mayo.
Antes del paro se realizará, este jueves, una jornada de protesta conjunta entre la Universidad y la Ciencia en la Facultad de Medicina de la UBA.
Las autoridades de la UBA se han sumado a la campaña de visibilización de la crisis universitaria con la difusión de un video con el título «Cuidemos lo que funciona» en el que reivindican el rol de la UBA y su aporte de profesionales en la resolución de las necesidades de la población en general.
Una de las claves es la actitud que tomará el movimiento estudiantil a la hora de defender su derecho a acceder a la educación superior de manera gratuita.
Fuente Tiempo Argentino
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