Santo Domingo.- En respuesta al comunicado emitido por el Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) de la República Dominicana expresó su posición, reiterando el ejercicio legítimo de sus derechos soberanos conforme a la implementación de su política exterior como Estado independiente.
Mirex, precisa lo siguiente: República Dominicana, como país fundador de las Naciones Unidas, comparte los principios universales de respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin distinción de nacionalidad. No obstante, reitera su derecho soberano —como todo Estado independiente— de aplicar sus leyes migratorias de conformidad con su Constitución y su ordenamiento jurídico vigente.
Las repatriaciones de nacionales haitianos en situación migratoria irregular se llevan a cabo en el marco de la ley, con apego a los procedimientos establecidos, y responden a la responsabilidad irrenunciable del Estado dominicano de preservar el orden público, la estabilidad nacional y la seguridad de sus ciudadanos.
La grave crisis institucional, humanitaria y de seguridad que afecta a Haití ha generado un incremento sostenido en la presión migratoria hacia nuestro país, lo que ha obligado a la adopción de medidas preventivas proporcionales a la magnitud del riesgo. La posibilidad de una expansión de la violencia hacia nuestro territorio constituye una amenaza real, muy grave, que requiere una respuesta decidida y responsable del Estado dominicano.
República Dominicana continuará combatiendo las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que vulneran los derechos de los más frágiles y perpetúan ciclos de violencia y explotación. Al mismo tiempo, reitera su voluntad de mantener un diálogo franco, respetuoso y orientado a soluciones duraderas con las autoridades haitianas y las instituciones intergubernamentales pertinentes.
Nuestro país ha demostrado reiteradamente su disposición a colaborar con Haití en el marco de una visión solidaria y constructiva. Pero ninguna nación puede ni debe renunciar a su derecho de proteger su integridad territorial y a tomar las medidas que las circunstancias exigen para salvaguardar la paz, la estabilidad y la convivencia pacífica en su territorio.
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