Santo Domingo.- El Gobierno de la República Dominicana avanzó significativamente en la lucha contra la trata de personas, subiendo al Nivel 2 en el más reciente informe publicado por la Embajada de Estados Unidos en el país.
Entre las medidas clave que evidencian el incremento de los esfuerzos gubernamentales para erradicar este delito, se encuentra la modificación de la Ley contra el Tráfico Ilícito y la Trata de Personas (Ley 137-03), para eliminar el requisito de demostrar fuerza, fraude y coacción en los delitos de trata que involucran a menores de edad, alineando la legislación nacional con los estándares internacionales, especialmente en casos de explotación sexual.
De igual modo, dentro del marco legal y normativo, se aprobó y financió con presupuesto nacional el nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028. Se adoptó la Resolución N.º 13-2024 para crear un procedimiento que permita entregar tarjetas de identificación a personas apátridas. También se consultó a la sociedad civil y a sobrevivientes de trata durante el proceso de modificación de la Ley 137-03 y se aplica de manera continua el artículo 25 del Código de Protección de la Infancia de 2003, que penaliza la entrega o explotación de menores de 18 años con penas de 20 a 30 años de prisión.
En el ámbito judicial y de persecución penal, las autoridades mostraron un repunte considerable al iniciar 229 investigaciones por trata de personas y procesar a 50 sospechosos de manera estricta bajo la ley especial. El informe resalta también el firme compromiso con la depuración institucional, evidenciado en la investigación de ocho funcionarios presuntamente cómplices y la apertura de procesos judiciales contra tres de ellos, abarcando incluso a efectivos de las fuerzas de seguridad.
Por el lado de la prevención e inspección laboral, el Ministerio de Trabajo incrementó de forma notable las supervisiones en sectores vulnerables como la agricultura, la construcción y la industria azucarera, en los cuales alcanzó las 1,050 inspecciones. Estas intervenciones permitieron suspender las actividades de 11 empresas privadas tras detectar indicios de trabajo forzoso. De forma complementaria, el programa piloto de registro migratorio logró formalizar a más de 7,400 trabajadores mediante contratos de trabajo, una medida clave para reducir su vulnerabilidad y garantizar su libertad de movimiento.
Finalmente, los esfuerzos de asistencia y protección dieron como resultado la identificación de 136 víctimas, de las cuales 134 recibieron atención integral financiada por el Estado, incluyendo servicios médicos, psicológicos, asesoría legal y traducción. A través del trabajo coordinado entre la Procuraduría, el Ministerio de la Mujer y el Conani, se mantuvo la operación de refugios especializados, al igual que se garantizó la protección continua de las víctimas y testigos durante los procesos judiciales, apoyados adicionalmente por campañas preventivas multilingües y capacitaciones constantes al personal del orden.
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