La especialista en seguridad, Leticia Salomón, cuestiona que el gobierno haya delegado en los militares la seguridad en siete de los 18 departamentos del país, porque los uniformados, de acuerdo a la Constitución, pueden acompañar a la Policía Nacional, pero no encabezar las funciones de seguridad.
Que la presidenta Xiomara Castro haya permitido a las Fuerzas Armadas (FF.AA), a través de la Policía Militar del Orden Púbico (PMOP), intervenir siete de los 18 departamentos sólo muestra la timorata lucha contra el crimen organizado en Honduras y la violación a la Constitución de la república.
Castro, cuando era candidata presidencial, prometió como uno de sus puntos importantes de su agenda desmilitarizar paulatinamente la sociedad bajo el lema “los militares deben regresar a sus cuarteles”.
Pero, en el poder la realidad es distinta. El pasado cuatro de abril entró en vigor la segunda etapa del plan Solución Contra el Crimen (SCC) en el que intervinieron los departamentos de Colón, Olancho, El Paraíso, Atlántida, Copán, Yoro y Copán y se delegó a los militares la responsabilidad de combatir la criminalidad y brindar seguridad a la población, supuestamente en apoyo a la Policía Nacional.
Sin embargo, se estableció que “corresponde al Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval, mantener el control de la seguridad en los departamentos de Colón, Olancho, El Paraíso y Gracias a Dios; mientras tanto, la Policía Militar del Orden Público ejecutará acciones en Atlántida, Yoro y Copán”.
Esa decisión, en consecuencia, ha generado cuestionamientos porque a la institución armada se le ha asignado funciones que no les corresponden, advierten los especialistas en seguridad.
NO HAY DESMILITARIZACIÓN SINO QUE REMILITARIZACIÓN
A criterio de Mirna Flores, investigadora en asuntos de seguridad del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), el gobierno no tiene ni las mínimas intenciones de eliminar de manera progresiva la PMOP (como lo habían prometido).
“Los gobiernos apuestan que los militares son los que van a resolver los problemas de seguridad pública y la crisis (pero), no se resuelve de esa manera. Lo estamos viviendo con la presidenta Xiomara Castro, antes decía que iba a desmilitarizar y ahora les está asignando funciones a los militares”, puntualizó.
Enfatizó que la mandataria pretende mantener a la PMOP en sus planes a largo plazo, y se evidenció desde que declaró emergencia nacional en materia de seguridad desde el 25 de noviembre de 2022 y, posteriormente, con la implementación del estado de excepción el 6 de diciembre del mismo año.
“Lo que está pasando, recientemente, significa un retroceso enorme en materia de Seguridad. Primero con la emergencia nacional y después con el estado de excepción. Cuando se declara emergencia nacional los militares pueden asumir funciones policiales, pueden hacer detenciones, pueden hacer allanamientos”, cuestionó.
“Diría que estamos enfrentando un proceso ambiguo, un proceso nebuloso, confuso, porque al final del caso estamos enfrentando un proceso de remilitarización y no un proceso de desmilitarización, como se esperaba y escuchó en promesas de campaña”, agregó.
Como parte del plan de lucha contra la extorsión y otras fechorías del crimen organizado, el gobierno implementó el 6 de diciembre de 2022 un estado de excepción parcial que se ha ido extendido mediante la emisión de decretos del Poder Ejecutivo. Esta medida continuará hasta el 21 de mayo de este año en 123 de los 298 municipios del país.
La PMOP fue creada en 2013 durante el régimen del entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), que fue utilizada para militarizar la sociedad, así como encabezar diversas acciones relacionadas al narcotráfico, según afirmaciones de la Corte de Nueva York, en Estados Unidos.
FF. AA., COLABORAR, PERO NO DIRIGIR
De su lado la investigadora del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), Leticia Salomón, dijo que la PMOP “lamentablemente” está facultada de manera constitucional para participar en operaciones encabezadas por la Policía Nacional.
“De hecho, las Fuerzas Armadas pueden apoyar y colaborar con la Policía Nacional, así lo manda la Constitución, pero no pueden ponerlos a encabezar funciones. Ahora que se les asigna militarizar varios departamentos se incumple con la norma porque no está estipulado en la Constitución de la República”, señaló.
El artículo de la Constitución de la República que menciona la experta es el 272, que indica que los militares deben cooperar con la Policía Nacional con la finalidad de conservar el orden público.
Además, Salomón considera que el plan SCC viene a ser “más de lo mismo” o, incluso, a repetir estrategias de gobiernos pasados que no funcionaron y sólo mancharon el nombre de las instituciones policiales hondureñas.
“Analizando al actual gobierno podemos ver que están impulsado un fallido plan y no están enfocados en conseguir una política de seguridad. La voluntad política es aquella que tiene claridad para decir: esto es lo que está pasando y así lo lograremos y como no existe, en el actual gobierno, lo denominan como plan de seguridad”, criticó.
“El plan puede encaminar a los resultados que dio el gobierno de Juan Orlando Hernández, en el cual la Policía quedó en evidencia de ser corruptos, cómplices del crimen organizado y narcotráfico”, añadió.
Pese a las medidas en materia de seguridad implementadas que van desde un estado de excepción, hasta la intervención penitenciaria, en Honduras han sido asesinadas más de 800 personas en lo que va de 2023, según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).
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