Según se ha informado, supuestamente por Compra de Comunicadores y Tráfico de Parturientas Haitianas y también Se sospecha, que dichos fondos fueron usados en campañas de descrédito contra personalidades e instituciones del Estad
La Fundación Primero Justicia interpuso una denuncia formal por ante la Procuraduría General de la República, a los fines de qué se inicie una profunda investigación del uso ilegal indebido de fondos erogados por el USAID, el tráfico de indocumentados y parturientas haitianas, incluyendo la financiación de falsos grupos de presión social, tendientes a la estabilización política y al descrédito de instituciones del Estado.
Tenemos la información de que los fondos de USAID, pudieron ser usados para la compra de Comunicadores Independientes, y para fomentar la invasión haitiana, así como desestabilización política del gobierno, y el descrédito de políticos, para influir en las elecciones.
Hemos solicitado, que se investiguen a las organizaciones que recibieron fondos del USAID, y de aquellas envueltas en procesos de falsas denuncias, entre las que se encuentran, Participación Ciudadana (PC), Organización Internacional de Migrantes (OIM), Human Rights Watch (HRW), Dominicanos por Derecho (DxD), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Instituto sobre Apatridia e Inclusión(ISI), Grupo de Apoyo a Retornados y Refugiados (GARR), la Plataforma Haitiana de Defensa para un Desarrollo Alternativo (PAPDA), la Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos (POHDH), Asamblea de los Pueblos del Caribe (APC/ALBA) y la Comisión Justicia y Paz de Haití, muchas de las cuales, fueron receptoras de millones de dólares provenientes de USAID, por lo que se impone una profunda investigación relativo a los fondos internacionales recibidos, los beneficiarios finales y sobre todo el uso legal o ilegal dado a dichos fondos, y la posible violación de la Ley 173-03, Tráfico Ilícito de Migrantes, los artículos 147 y Siguientes del Código Penal, y los artículos 2.11, 3.1, 3.2, 3.3, 7 y 9.2 de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
En ese sentido, la Fundación Primero Justicia solicitó la intervención de la Procuraduría General de la República, a los a los fines de perseguir y sancionar a los responsables de dichos delitos contra el pueblo Dominicano.
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