Hamás pide la revocación de esta legislación «fascista y racista» y alerta de una «peligrosa escalada» por parte de Israel
El Parlamento de Israel ha aprobado la creación de un tribunal militar especial para juzgar a cientos de supuestos implicados en los ataques del 7 de octubre de 2023 encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance de las autoridades israelíes, pudiendo enfrentarse algunos de ellos a la pena de muerte. Lo ha hecho con 93 votos a favor de los 120 legisladores de la Knesset, según ha recogido el diario ‘The Times of Israel’, que agrega que los juicios serán públicos y retransmitidos, algo poco usual en el país.
El ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, se ha referido a esta aprobación como «uno de los momentos más importantes de la actual Knesset», asegurando que con ella «se hará justicia y la historia de esta terrible masacre se contará al mundo entero durante generaciones». La oficina de una de las promotoras de este proyecto de ley, Yulia Malinovsky, ha estimado en más de 300 el número de acusados, entre los cuales se encontrarían presuntos integrantes de la Nukhba, brazo armado de Hamás.
Entre los cargos a juzgar en este tribunal que se ubicará en Jerusalén se encuentran las agresiones contra el pueblo judío, así como los crímenes de guerra y contra la humanidad. Entre las voces de la oposición al proyecto destaca el diputado árabe-israelí Ahmad Tibi, quien ha asegurado que él mismo ha perdido a familiares en Gaza y no utiliza tales hechos «con fines políticos» ni tampoco busca «venganza».
Hamaás critica la legislación «fascista y racista»
Por su parte, Hamás ha criticado la legislación «fascista y racista» aprobada por la Knesset, que ha descrito como «una peligrosa escalada» y «un nuevo crimen que se suma al largo historial de crímenes de guerra de la ocupación y a las violaciones sistemáticas contra el pueblo palestino». «Afirmamos que esta ley es nula y que constituye una violación flagrante de todas las leyes y convenciones internacionales, especialmente las Convenciones de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario», ha dicho, al tiempo que ha reseñado que las competencias dadas a los tribunales militares «revelan la naturaleza vengativa y racista del sistema de ocupación».
Fuente: La Razón
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