Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE) clausuró este viernes el primer “Congreso Internacional Democracia, Elecciones e Identidad”, que durante tres días tuvo como tema central las reformas electorales y del registro civil.
Durante la clausura el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, afirmó que las propuestas y puntos de vistas que se han planteado se traducen en oportunidades de gran valor para el país, pues las mismas son el fruto de reflexiones, experiencias comparadas y de investigaciones científicas en materia electoral y de registro civil.
En ese sentido, destacó que un árbitro electoral no es independiente porque lo diga la Constitución o la ley: “la independencia es una actitud, es un carácter, es una forma de ser, es algo intrínseco que se traza en rayas de pizarro, que te hacen escoger el camino de la legalidad, de la transparencia, de la institucionalidad, de los principios y de los valores democráticos por encima de cualquier otro”.
Dijo que durante el congreso se hizo énfasis en la legitimidad política y social, que se va construyendo con acciones apegadas a la certeza electoral y al respeto a los principios de la integridad democrática.
En cuanto a las redes sociales, la desinformación y las campañas electorales, resaltó los aportes de los panelistas, que han presentado grandes desafíos en armonizar derechos que “evidentemente” chocan, por el uso excesivo de libertades; de cómo se controlan, sancionan y de cómo educarlas.
“No hay nada más dañino que estremezca el sistema electoral que una mentira, un bulo, una desinformación retuiteada, etiquetada, enviada o publicada. Hay que materializar acciones aquí enarboladas que no dejen en el control de dedos malvados, ante el uso de un celular inteligente, la suerte de la democracia”, reflexionó. Hizo un llamado al Estado dominicano sobre la deuda que tiene con la mujer política dominicana. «Lo que falta es voluntad política, porque mujeres hay”, sentenció.
Finalmente, rememoró los datos que compartió la conferencista mexicana Karolina Gilas, que dan cuenta de que entre los años 1977 y 2019 se han aprobado 239 reformas electorales en Latinoamérica, y que la República Dominicana cuenta con siete, ubicándose entre los países “moderados”, contrario a Uruguay, Paraguay y Guatemala, considerados como “pasivos”.
Por eso – agregó-, aboga por una buena reforma electoral y del registro civil, que perdure, que permanezca por la pureza de su constitucionalidad, por la dureza de su apego a las leyes, a los principios democráticos y a los derechos fundamentales.
En referencia a la reforma del registro civil, explicó que se está consciente de la necesidad de pasar a lo moderno, digital y expedito, por lo que el Congreso Nacional está comprometido con que el actual modelo es una retranca para el pueblo y con la necesidad de una nueva ley digna, humana y moderna, que permitirá a la JCE cumplir con efectividad su mandato constitucional.
Durante el transcurso del último panel de la jornada de hoy, la miembro titular de la JCE, Dolores Fernández, habló de este aspecto, al abogar por la modificación de la Ley 659 sobre actos del estado civil, para lo que dijo, se necesita de la representación política de la República Dominicana.
Fernández manifestó que el registro civil es una necesidad, pues es el camino de oportunidades, de derechos, de ser parte de las políticas públicas de los servicios básicos, la educación, el trabajo, los programas sociales, entre otros.
Mientras que el también miembro titular del Pleno, Samir Chami Isa, consideró que la reforma electoral debe ser el resultado de diagnóstico y análisis ampliamente razonados, y de una discusión seria e influyente, limitada, condicionada y coherente al contexto histórico de cada país, pero con el objetivo del desarrollo del estado democrático y de derecho.
“Tomando en cuenta que esto que hacemos es una apuesta a la transformación del sistema electoral dominicano que garantice elecciones libres, transparentes, equitativas y objetivas”, argumentó.
El congreso concluyó con un reconocimiento al Pleno de la JCE otorgado por la consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Ana Paola Hall, en nombre de ese órgano electoral por los valiosos aportes realizados en el proceso de las elecciones generales del 2021 en el citado país, facilitándoles dispositivos electrónicos que formaron parte de la transmisión de los resultados en los citados comicios.
Hall calificó el apoyo prestado como «parte de la construcción de una nueva página en la historia electoral de Honduras».
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