Por Rafael Santos
Tanto la sociedad política como la no política de la República dominicana, deben de prestarle la debida atención a lo que recientemente expusiera ante el país, el dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP), José Ernesto Abud, cuando declaró que “La responsabilidad de un funcionario comienza antes de que aparezca un expediente”.
Estas declaraciones, más que simples retóricas deben ser analizadas por el grueso social pensante de un país, el que según la señora Nuria Piera a través de sus diversos programas, en el país hay serios problemas en cuanto al tema de la corrupción se refiere.
Las constantes investigaciones que a través de su muy visto espacio sabatino por uno de los principales canales de televisión, deben de servir junto a las declaraciones del joven exalcalde del municipio de Villa Tapia, en la provincia Hermanas Mirabal, José Ernesto Abud, para que el señor Presidente Luis Abinader tome las medidas que tenga que tomar y destutane a quien tenga que destutanar, para que su nombre, una vez fuera de la blindada magia que brinda el poder, pueda defenderse con la dignidad que entiendo posee el actual mandatario.
En el país deben de existir controles mucho más enérgicos de lo establecidos hasta el momento para que una persona pueda ser nombrada en una las diversas posiciones del Estado.
Además de las especificaciones si se quiere hasta académicas, estos tengan los conocimientos éticos, pero sobre todo, y más que también solvencia moral, otros elementos que bien podrían establecerse para cada caso.
A veces vemos a personas ocupando posiciones que ni siquiera cuentan, no solo con los conocimientos elementales sobre el cargo a presidir, sino con las condiciones para desarrollar un papel decente.
Por ahí vemos a gente ocupando posiciones, cuyos legado en otras por las cuales ya han pasado dejan a uno como en una especie de sonambulismo y asombro colectivo, ante lo que consideramos un desafío a la sociedad que repetimos, merece un respiro en cuanto a temas que nos están lacerando se refiere.
Lo declarado por el también estratega y empresario José Arbusto Abud, más que simples declaraciones, estas se constituyen en una terrible advertencia a la que toda la clase política pensante debe prestarle atención.
Refiriéndose a los casos Senasa e INABIE, este plantea que estos deben servir para revisar los controles, la selección de funcionarios y la responsabilidad de quienes administran recursos públicos.
Señala, que “las investigaciones y cuestionamientos surgidos alrededor de las citadas entidades deben servir como una advertencia para quienes actualmente administran recursos del Estado y para quienes aspiran a ocupar funciones públicas en el futuro”.
Más allá de las responsabilidades individuales que corresponde establecer a los organismos
competentes y a los tribunales, estos casos deben provocar una discusión más profunda sobre los controles internos, la selección de los equipos y la responsabilidad que asume toda persona que acepta administrar recursos públicos.
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