Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, a su llegada al Ministerio de Justicia. SERGIO PEREZ EFE
El próximo martes se sellará el acuerdo definitivo del que tan sólo se ha desmarcado por ahora la mayoritaria APM
Jueces y fiscales han cerrado un acuerdo con el Gobierno que firmarán en los próximos días. Las asociaciones de jueces y fiscales -con la incógnica del posicionamiento definitivo que adoptará la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM)– han aceptado este jueves la propuesta de los Ministerios de Justicia y Hacienda de incrementar en 46,7 millones de euros la partida destinada al sueldo de la carrera judicial y fiscal.
Se trata de una subida lineal de sueldo de 440 euros mensuales para los magistrados de los órganos colegiados y de 450 euros para los de órganos unipersonales.
A lo largo de la mañana los colectivos Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se mostraron a favor de la última oferta del Ejecutivo que pasa por un incremento salarial inminente pero también por mantener reuniones periódicas de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de continuar mejorando otros conceptos como el abono de las guardias y los trienios.
En concreto, se ha acordado la constitución, en un plazo máximo de 3 meses, en el seno de la Comisión, de grupos de trabajo permanentes que se reunirán, al menos, con carácter trimestral y que en el que se podrán abordar todas aquellas cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo de los miembros de la carrera judicial.
Por otro lado, el acuerdo también contempla un incremento de 100 plazas en las carreras judicial y fiscal en cada uno de los ejercicios presupuestarios correspondientes a los años 2023 y 2024.
En un comunicado conjunto, AJFV, FJI, AF y APIF sostiene que «no podemos pasar por alto el grave problema de sobrecarga de trabajo que afecta a la Justicia. Es obvio que un incremento de 100 plazas es netamente insuficiente en el marco de 563 plazas vacantes, 293 juzgados de nueva creación solicitados por el CGPJ y las jubilaciones que se avecinan». En consecuencia, aseguran que «continuaremos trabajando en todos los escenarios por las mejoras indispensables de nuestras condiciones profesionales, así como para mejorar el servicio que prestamos a la sociedad».
La única asociación que ha considerado inaceptable la propuesta del Gobierno es la mayoritaria APM, que la semana pasada desconvocó -que no aplazó- la previsión de una huelga indefinida.
Por su parte, el resto de asociaciones sí han informado de que desconvocan la huelga prevista para el próximo día 22. La mayoritaria APM ha pedido tiempo y dará su respuesta definitiva en la reunión que ha sido fijada para el próximo martes. Sobre este extremo, desde el Ministerio de Justicia se ha puesto de manifiesto que «el Gobierno mantiene el deseo de que finalmente la propuesta sea suscrita también por la única asociación que no se ha pronunciado, por el momento, de forma definitiva, en el foro de la comisión de retribuciones».
Fuente EL MUNDO
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