El gobierno de Javier Milei deberá defender en un plazo de tres días el Decreto de Necesidad Urgencia (DNU) que publicó la semana pasada y con el que pretende desregular la economía y el mundo del trabajo. Así lo decidió el juez José Ignacio Ramonet, que rechazó dictar una cautelar como reclamaba la Confederación General del Trabajo (CGT), pero resolvió avanzar con el planteo, que presentó ante la justicia, la central obrera.
Movilización y judicialización: así podría resumirse la estrategia de la CGT frente al megaDNU de Milei. La CGT ocupó —junto a las dos CTA— la zona de la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, mientras en los tribunales laborales empezaba a moverse el amparo que habían presentado los triunviros Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, con la representación del abogado Pablo Topet.
La CGT pide que se declare la inconstitucionalidad del DNU 70 por considerarlo un avasallamiento a la división de poderes pero, además, habla de su afectación a los trabajadores y trabajadoras en particular. “La reforma laboral incluida en el DNU 70/23 es una pretensión de modificación global del marco normativo de las relaciones individuales y colectivas de trabajo que exige ser evaluada como un conjunto inseparable: en lo individual un retroceso sustancial en el universo protegido por la tutela laboral y en los niveles de protección y, en inescindible vinculación, un menoscabo mayúsculo de los medios de autotutela, de acción colectiva y de debilitamiento del sujeto sindical”, afirman en su escrito Daer, Moyano y Acuña.
El juez Ramonet tomó tres decisiones importantes. Por un lado, rechazar el dictado de una medida cautelar interina porque entiende que el DNU aún no estaba en vigencia —entra hoy 29 de diciembre—. “Lo expuesto no significa sentar posición acerca de la validez constitucional del decreto cuestionado en general y de las regulaciones laborales que contiene en particular”, aclaró el magistrado.
El otro elemento de relevancia es que notificó al Poder Ejecutivo Nacional —a través de la Jefatura de Gabinete— para que conteste el traslado en un plazo de tres días. Ramonet ya se anticipó y dijo que él no puede hacerlo. La representación del Ejecutivo la asumirá la Procuración del Tesoro, a cargo del abogado Rodolfo Barra, que justifica el dictado del DNU en la “situación” que atraviesa el país.
En tercer lugar, el juez Ramonet declaró la competencia del fuero laboral para entender en esta disputa con el gobierno de Milei. “Sería aconsejable que las acciones colectivas que se iniciaran (o que ya se han iniciado) ‘se desagregaran’ por fuero especializado”, resaltó Ramonet.
En realidad, lo que Ramonet plantea sobre la competencia parece leerse en respuesta a lo que sucedió en el fin de semana: el juez en lo contencioso administrativo federal Esteban Furnari entendió que podía tramitarse como un amparo colectivo la presentación que habían hecho el economista Claudio Lozano (Unidad Popular) junto con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Observatorio por el Derecho a la Ciudad. El juez Furnari, además, ordenó inscribir el planteo como un proceso colectivo contra el Poder Ejecutivo Nacional, con lo que podría atraer todas las presentaciones que se hagan contra el DNU de Milei. La pelea por la competencia será importante. De hecho, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires también hizo una presentación ante los tribunales federales platenses y pidió ser excluido del proceso colectivo que tramita en el fuero contencioso administrativo.
En las últimas horas, el fiscal de la demanda que tramita ante Furnari, Miguel Ángel Gilligan, se notificó de la decisión sobre el amparo colectivo y avisó que no asumirá la calidad del parte en el pleito —es decir, no acompañará lo que vayan planteando Lozano, la CTA, ATE y el Observatorio—. Por el contrario, se expedirá sobre la competencia del fuero contencioso administrativo y sobre el fondo del planteo.
En este caso, Lozano, la CTA, ATE y el Observatorio también plantearon que Milei pretende hacer una transformación profunda saltándose al Congreso y la participación de los ciudadanos en los asuntos de relevancia pública. La Asociación Exigir se presentó como un tercero en este expediente —que tramita en el fuero contencioso— y planteó una anomalía: en el DNU aparece como que la canciller Diana Mondino lo firmó desde Buenos Aires cuando no estaba en ese momento en el país.
En paralelo, se formuló una denuncia penal que recayó en el juzgado federal de Sebastián Ramos. Lozano, Hugo “Cachorro” Godoy (CTA-A), Rodolfo Aguiar (ATE) y Jonatan Baldiviezo (Observatorio) acusan a Milei de abuso de autoridad y de arrogarse la suma del poder público –algo que la Constitución prohíbe en su artículo 29 y cataloga como traición a la patria-.
En la presentación, los denunciantes reclaman que el Poder Judicial le requiera información a Milei sobre el expediente por el cual tramitó el DNU 70 —que, a su entender, modifica más de 80 leyes— y de cada uno de los dictámenes que debieron hacer los distintos ministerios para justificar la firma del decreto. El pedido apunta a desentrañar si, efectivamente, fue una tarea encarada por el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) o una tarea en la que intervinieron particulares ajenos a la administración pública. Una de las rarezas del DNU 70 es que se lo presenta como una creación del economista Federico Sturzenegger, que no tiene cargo en el gobierno de Milei. Además, trascendió que distintos estudios jurídicos de la City porteña estuvieron implicados en la redacción.
En el fuero contencioso administrativo tramita también al amparo que presentó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Este expediente cambió de manos después de que fuera recusado, el juez Pablo Cayssials lo remitió a su colega Walter Lara Correa.
“El DNU 70 /2023 sumado al proyecto de ley denominado ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ es un intento de reforma constitucional encubierta sin cumplir con el mecanismo previsto por el artículo 30 de la Constitución“, opinó en X (exTwitter) Gil Domínguez sobre la “ley ómnibus” que Milei envió a la Cámara de Diputados.
Una de las rarezas del proyecto es que en su artículo 654 dispone la ratificación del DNU 70. Según Gil Domínguez, eso habilita su tratamiento durante las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo y también da luz verde para que un juez dicte una cautelar.
Fuente Página12
About Author
