El magistrado Deybi Timoteo Peguero autorizó al contador Lázaro Pericles Arias Santos para el peritaje.
Santo Domingo – El juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deybi Timoteo Peguero, autorizó este viernes a un auditor privado para que realice un contra-peritaje a los informes periciales (incluidas auditorias de la Cámara de Cuentas) que presentó el Ministerio Público para acusar a Juan Alexis Medina de construir un entramado societario para desfalcar al Estado.
El juez tomó su decisión a petición de Medina, principal imputado de la Operación Antipulpo, y designó al contador Lázaro Pericles Arias Santos, de la firma de auditores Arias Jiménez y Asociados para que sea el encargado de realizar el contra-examen.
La defensa de Alexis Medina, encabezada por el abogado Carlos Salcedo, motivó en su escrito de auxilio judicial, que es necesaria la intervención de un perito para que Alexis Medina pueda ejercer su defensa con el mismo rigor técnico que lo ha hecho el Ministerio Público y rebatir las afirmaciones contra sus empresas.
Además, establece que existen aspectos técnicos de algunos procesos de contrataciones públicas, cuyos requerimientos deben ser explicados por los profesionales capacitados en el área. Entiende que estas pruebas deben ser realizadas por expertos imparciales, objetivos e independientes.
La defensa de Juan Alexis Medina también había solicitado la entrega de documentaciones a través de Libre Acceso a la Información a once instituciones públicas para examinar los procesos y poder utilizar pruebas a descargo.
Entre las instituciones a las que hicieron solicitudes están la Policía Nacional, la Dirección General de Aduanas, la Contraloría General de la República, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Cuentas, el Ministerio de Salud, Fonper, Autoridad Portuaria, Compra y Contrataciones Públicas, Ministerio de Educación, entre muchas otras.
Entre las documentaciones solicitadas están expedientes relativos a procesos de compra, licitaciones, contrataciones, certificaciones, y otros procesos relacionados con las empresas que presuntamente son propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez.
Camacho: “Tenemos un caso blindado”
Para el titular de la Pepca, Wilson Camacho, la decisión del tribunal no afecta en nada al Ministerio Público. Aseguró que tienen un proceso “blindado” en contra de los imputados por corrupción.
“En ningún modo estas cuestiones afectan al Ministerio Público, puesto que lo referente a entrega de información fue a instituciones que no tienen que ver con el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público ha estado entregando todas las informaciones, y tiene un proceso blindado”, dijo el procurador adjunto Wilson Camacho.
El Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina Sánchez de ser el gerente operativo de un alegado entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.
Los imputados
En el caso también figuran como imputados Carmen Magalys Medina Sánchez (su hermana), Fernando Rosa, quien dirigió el Fonper; Wacal Vernavel Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona.
También Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la entonces Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, fiscalizador de esa unidad estatal.
La acusación también incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública; al excontralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
El Ministerio Público presenta cargos, además, contra las empresas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
El expediente señala que el entramado de corrupción de los hermanos Medina Sánchez llegó a materializar maniobras fraudulentas utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados y no entregados, equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada por el Estado.
Destaca que llegó a pagar a través de deuda pública equipos no entregados amparado en la intervención del entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros funcionarios.
Fuente Diario Libre
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