La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, ordenó el arresto de Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, en un caso sobre desprotección de víctimas.
De acuerdo con la sentencia de la jurisdicción transicional, surgida tras los acuerdos de 2016, la política local “pone en riesgo la garantía de los derechos de las víctimas y la materialización del Acuerdo Final para la Paz”.
En ese sentido, la JEP puntualiza que Roldán habría incurrido en falta de control en el cumplimiento de las funciones delegadas a la Gobernación por la JEP para proteger zonas de interés forense en donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada en ese departamento.
Ante ello, los magistrados consideraron que “su ausencia de cuidado pone en riesgo la garantía de los derechos de las víctimas y la materialización del Acuerdo Final para la Paz”, firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la entonces FARC-EP.
Según la sentencia Roldán estará dos días privada de la libertad por orden de la JEP, aunque en el interín se tratarán audiencias entre la jurisdicción y la Gobernación para revisar el cumplimiento de medidas cautelares.
La Gobernación del Valle, así como las de otros departamentos, se habían comprometido con la JEP de adelantar acciones para “la protección de los derechos a la verdad y garantías de satisfacción para las víctimas de desaparición forzada”.
El caso en particular que tendrá a Roldán dos días privada de la libertad por orden de la JEP, se trata de audiencias entre la jurisdicción y la Gobernación para revisar el cumplimiento de medidas cautelares. La Gobernación del Valle, así como las de otros departamentos, se habían comprometido con la JEP de adelantar acciones para “la protección de los derechos a la verdad y garantías de satisfacción para las víctimas de desaparición forzada”.
La diligencia judicial era para tomar medidas en 36 cementerios del Valle del Cauca, toda vez que en los mismos podría haber cuerpos de los llamados “falsos positivos” u otras víctimas del conflicto armado en Colombia.
Los llamados “falsos positivos” fueron ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de miembros del Ejército colombiano que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combate para recibir recompensas o beneficios.
Según la JEP, al menos 6402 jóvenes inocentes fueron engañados con promesas de falsos trabajos y ejecutados por miembros del Ejército para mejorar las estadísticas de lucha contra la guerrilla y recibir recompensas a cambio.
Fuente Telesur
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