La investigación de la banda del puerto de Barcelona, que lideró el fiscal Fernando Bermejo, supuso un terremoto en el panorama policial catalán. El ahora detenido en la República Dominicana, Javier Segura, que capitaneaba un grupo de narcotraficantes especializados en vuelcos (robos entre traficantes) destapó un entramado que apestaba a corrupción, con guardias civiles y policías nacionales implicados.
La Audiencia de Barcelona juzgó a 23 personas, con peticiones de penas de hasta 39 años de prisión por delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita, detención ilegal, lesiones, blanqueo de capitales, estafa y tráfico de influencias, entre otros.
Solo siete fueron condenados y todos los policías absueltos al decretarse la nulidad de las intervenciones telefónicas. La Audiencia señaló que existía un “extraño maridaje” y “corruptelas y tratos de favor” entre policías y narcos, pero concluyó que no habían quedado fehacientemente probados los delitos.
Un arrepentido de la banda fue una figura clave en la investigación, Juan Pedro Lozano condenado por el asesinato en 2002 de dos vigilantes de Prosegur que custodiaban un furgón en Terrassa, que delató a sus antiguos colegas. “Se sienten por encima del bien y del mal”, explicó en el juicio, en el que defendió que a través de sus contactos policiales le habían cargado falsamente con los dos muertos de Terrassa.
La investigación tuvo otra derivada más, y sentó en el banquillo de los acusados a un ex periodista de El Mundo, pero la Audiencia de Barcelona lo absolvio.
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