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Por Becker Márquez Bautista
Por años, las instituciones públicas en la República Dominicana han sido sometidas a un proceso de deterioro y descrédito con un objetivo perverso: desacreditarlas para luego entregarlas o repartirlas como botín entre grupos de poder afines a los gobernantes de turno. Existe una élite empresarial cuyo interés más profundo es expoliar y saquear el país sin desmedro. Es evidente que la corrupción no es estática; los corruptos tienen una habilidad alarmante para transformar y regenerar sus métodos, adaptándolos a los tiempos para continuar su saqueo o influir para que quienes dirijan sean personas de moral frágil y débiles ante el enriquecimiento ilícito.
Las Múltiples Caras de la Corrupción
El desfalco es la forma más directa de robo: la malversación de fondos o bienes públicos por parte de un funcionario que tiene acceso legal a ellos. Por su parte, la expoliación de los bienes públicos va más allá, constituyendo un saqueo masivo y sistemático del patrimonio de un Estado, a menudo organizado desde las cúpulas de poder. Esta práctica no solo incluye el robo directo de dinero, sino también la entrega de recursos naturales y empresas estatales a intereses privados. A su vez, el despilfarro se manifiesta como una forma de corrupción menos visible, pero igualmente dañina: la gestión ineficiente y el uso imprudente de los recursos públicos, que se pierden en proyectos mal planificados o gastos innecesarios, privando a la ciudadanía de servicios esenciales.
El tráfico de influencias por parte de un funcionario para beneficiar a un allegado o familiar es uno de los actos más bochornosos. Lo mismo ocurre con el nepotismo. Cuando un político lo implementa, lacera la democracia, los méritos y el derecho de las demás personas a ocupar un cargo en el Estado. Actualmente, actúan sin vergüenza y amparados en el poco poder que ostentan. El nepotismo es un acto de inmoralidad que ha socavado los derechos fundamentales y la institucionalidad en la República Dominicana desde la fundación del país hasta la actualidad.
De la Privatización al Fideicomiso: Un Nuevo Saqueo
En República Dominicana existen dos leyes principales sobre el fideicomiso: la Ley No. 189-11, que establece el marco para los fideicomisos privados, y la Ley No. 28-23, que regula los fideicomisos públicos. Sin embargo, surge una pregunta fundamental: ¿fueron estas leyes consensuadas con la sociedad? ¿Se sometieron a un referendo, como lo estipula nuestra Constitución?
La privatización de bienes del Estado ha evolucionado de ser una estrategia económica a un lucrativo negocio para gobernantes y sus allegados. En este modelo corrupto, activos públicos vitales —desde empresas hasta terrenos valiosos— se transfieren a manos privadas por un valor muy por debajo del real, enriqueciendo a una élite a costa del patrimonio nacional.
Esta práctica se ha perfeccionado a través del uso de los fideicomisos, que se han convertido en la nueva gran estafa para el saqueo público. Al mover las propiedades del Estado a un fideicomiso, se las sustrae del control y la fiscalización directa de la ciudadanía, permitiendo que una gestión supuestamente «técnica» y privada disponga de ellas a su antojo. El abuso indiscriminado de estas leyes y su reparto sin el debido consenso de la sociedad es una seria amenaza para el futuro de la nación, hipotecando el desarrollo de las próximas generaciones.
Cuando celebramos un fideicomiso, en realidad estamos celebrando una fiesta ajena, a la cual no hemos sido invitados.
La Publicidad Estatal: Otro Despilfarro del Gasto Público
La publicidad estatal se ha convertido en una de las formas más flagrantes de despilfarro y corrupción en la República Dominicana. Lo que debería ser un mecanismo para informar a la ciudadanía, se ha desvirtuado en una herramienta de promoción personal y control mediático. El gasto exorbitante en publicidad gubernamental ha alcanzado cifras astronómicas, destinadas a la megalomanía de los gobernantes de turno. Este derroche de recursos no solo es insostenible, sino que sirve para silenciar a la prensa crítica y comprar la complicidad que garantiza la impunidad.
La publicidad estatal se ha convertido en una fuente de enriquecimiento ilícito para grupos determinados, que reparten algunas migajas para aparentar transparencia, cuando en realidad es la forma más descarada de malversación. Aunque no es un método nuevo, el uso de esta práctica se acentuó de forma descarada a partir del gobierno constitucional 1996-2000 hasta la actualidad.
Reflexión: Cómo Enfrentar Este Mal
Ante este panorama, la lucha contra la corrupción no puede ser una responsabilidad exclusiva de las instituciones; es un deber colectivo y un compromiso de cada ciudadano. La primera línea de defensa es una ciudadanía educada e informada, capaz de fiscalizar los actos de sus gobernantes y de exigir la rendición de cuentas. Debemos rechazar la indiferencia y la desidia, y en su lugar, promover una participación activa en la vida pública, reclamando transparencia y denunciando sin miedo los abusos.
Para que este esfuerzo colectivo tenga éxito, es imperativo fortalecer las instituciones de control del Estado, dotándolas de independencia y de los recursos necesarios para investigar y sancionar a los corruptos. La Justicia debe operar sin presiones políticas, garantizando que el que robe pague, sin importar su poder o su posición. Solo a través de un compromiso firme de la sociedad, un sistema judicial robusto y líderes con la voluntad política de servir y no de saquear, podremos romper el ciclo de corrupción que tanto ha frenado nuestro desarrollo. La transformación comienza con nuestra decisión de no tolerar más este mal que nos afecta.
Es necesario eficientizar el gasto público, eliminar los gastos superfluos y auditar las nóminas públicas para detectar las «botellas» (Empleados fantasma que cobran sin ir a las instituciones donde son designados) que, dicho sea de paso, han proliferado de una manera brutal en los últimos diez años. No podemos seguir exprimiendo a la clase media a través de los impuestos. Si queremos una economía fuerte y robusta, todos debemos contribuir, pero el gobierno tiene que ser más responsable en la administración de los recursos del Estado.
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