Por primera vez desde su regreso al poder, Donald Trump podría estar cerca enfrentarse a una de las peores noticias posible: una Corte Suprema, dominada por conservadores, dispuesta a decirle “no”. El mismo tribunal que hasta la fecha ha avalado su ofensiva migratoria o su desmantelamiento de una parte considerable del gobierno federal podría ahora dinamitar el que ha sido su instrumento central de política exterior y económica. Porque, a juzgar por lo que se escuchó este pasado miércoles en una audiencia ante el máximo tribunal del país, sus jueces no parecen nada contentos con cómo el presidente justifica su uso de aranceles.
La audiencia de la Corte Suprema se celebró en el marco del examen sobre si Trump abusó de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), una legislación de 1977 creada precisamente para limitar los poderes presidenciales en situaciones de emergencia. En su lugar, Trump la ha usado para imponer un 10 % generalizado a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos y tarifas aún más altas a países específicos.
Ningún mandatario había interpretado antes esa ley como una licencia para extender su capacidad de acción. La Casa Blanca, sin embargo, sostiene que los persistentes déficits comerciales representan una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos. Bajo ese argumento, el presidente puede declarar una “emergencia económica” y usar la ley para “regular importaciones” sin pasar por el Congreso.
Durante casi tres horas de argumentación, los nueve jueces escucharon a los representantes legales del Gobierno defender esta postura. El procurador general, John Sauer sostuvo que los aranceles no son ningún instrumento de recaudación, sino una herramienta exclusivamente de presión diplomática diseñada para inducir cambios de comportamiento en otros países. Una afirmación que sería más fácil de sostener si el propio Trump no se hubiera jactado en múltiples ocasiones de los “cientos de miles de millones” que, según él, los aranceles han aportado a las arcas públicas.
Fuente EL CONFIDENCIAL
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